ELECCIONES VENEZOLANAS AUTÉNTICAS:
Una
exigencia impostergable.
Caracas
– Enero 2013
(Proyecto EVA)
(Proyecto EVA)
Índice
- Introducción
- La subordinación del Poder Electoral a un proyecto autocrático.
- El Órgano Electoral: antes y después
- El Registro Electoral como Caja Negra
- Cambios en la infraestructura electoral
- Una plataforma tecnológica al servicio del PSUV
- Escrutinio automatizado de dudosa verificación
- El Terrorismo Electoral: Poderes del Estado amenazan con violencia y guerra civil
- Observación internacional sesgada
- El FRAUDE: un virus que muta
- 2012: el año del llamado a exigir Elecciones Auténticas.
- La Oposición Tradicional ante el Golpe de Estado Electoral.
- La Declaración de Caracas.
- Impugnaciones a la elección presidencial del 7O.
- 2013: Hacia un nuevo sistema Electoral que contribuya a recuperar la gobernabilidad democrática de la Nación.
- Conclusión
1.
Introducción.
Las
elecciones del 7O y del 16D forman parte de un Golpe Electoral por
etapas. Con relación al 7O, se han sido introducido dos acciones de
impugnación a dicha elección presidencial que el Tribunal Supremo
de Justicia pretende sumergir en el sueño de los justos.
El
primer eslabón visible del fraude del 7O lo constituye la acción
del propio aspirante del oficialismo, quien se propone como candidato
a sabiendas de su imposibilidad de ejercer la presidencia.
Este
fraude continuado (etapas), compuesto de un conjunto de acciones que
lo hacen complejo y multifactorial, ha llevado a la Nación a una
crisis sin precedentes, con el agravante del concurso de parte del
liderazgo tradicional de la oposición, que ha llevado a la sociedad
democrática a una agenda exclusivamente electoral, y de paso, sin
posibilidad alguna de triunfos relevantes.
De
haber existido una agenda política realmente al servicio de la
democracia, no se hubiera llegado al segundo golpe en menos de tres
meses: el Golpe Constitucional nacido del dictamen del TSJ
relacionado con la toma de posesión (10E).
El
desconocimiento a la Constitución de 1999 por parte del TSJ, al
prolongar el periodo constitucional 2007-2013, no es más que la
consecuencia de contar con unos poderes públicos cuyo origen ha sido
el resultado de procesos electorales marcados por el signo del
fraude. Desde el año 2004, ninguna elección en Venezuela ha sido
auténtica. De acuerdo a la definición de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la ONU (Artículo 21), y la Carta
Democrática Interamericana de la OEA (Artículo 3), para que unas
elecciones sean auténticas, deben ser universales, justas y libres.
Estos dos instrumentos multilaterales, que forman
parte de nuestra legislación interna, imponen al Consejo Nacional
Electoral (CNE) condiciones ineludibles para el ejercicio de sus
competencias, que de cumplirse invalidan automáticamente los eventos
electorales por carecer de “autenticidad”.
El
gobierno de Hugo Chávez, actualmente sometido a dos fuertes críticas
de legitimidad (fraude del 7O y golpe constitucional del 10E), se
ufana de proclamar, sobre todo ante los medios internacionales, que
“Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral del mundo”. Sin
embargo, como se comprueba en este documento, no se trata
precisamente del mejor sistema, sino del más complejo y sofisticado,
porque es capaz de tergiversar masivamente la voluntad de los
electores, pero aparentando pulcritud.
En
el período que va desde el 2004 al 2012 podemos encontrar elecciones
que marcaron pautas en este proceso de desnaturalización de un
sistema electoral democrático. En el año 2004, el CNE inaugura la
etapa del apartheid electrónico, al digitalizar las listas de los
firmantes de la solicitud de revocatorio al presidente, proceso
organizado de manera ejemplar por la organización Súmate.
En
el año 2007, el Régimen sufre su aparente primer revés electoral,
rápidamente compensado en el 2009 con una consulta ilegal y puntual
avalada por los poderes públicos, y que desemboca en la conocida
reelección indefinida.
En
el 2010, el CNE avala la modificación a los circuitos electorales
realizada por la Asamblea Nacional, teniendo como consecuencia que
una minoría en votos termine casi con las dos terceras partes de los
diputados de la Asamblea Nacional, con lo cual se violó el artículo
63 constitucional que establece, inequívocamente, lo siguiente:
“Artículo
63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones
libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el
principio de la personalización del sufragio y la representación
proporcional.
Y
en el año 2012, el CNE avala un sistema electrónico que, entre
otras cosas, acaba con el principio fundamental de todo sistema
democrático: «la libertad del voto». Aquí cabe el siguiente
comentario: la Constitución, legislación y tratados válidamente
suscritos por la República en materia electoral, ponen el acento en
el secreto del voto, pero el uso de tecnologías de información
añaden un elemento adicional: la percepción de si el voto es
secreto o no, más allá de que tecnológicamente se hayan tomado o
no, medidas preventivas. Entonces, la LIBERTAD del voto viene
apareada a la percepción del elector común - que no tiene
conocimientos técnicos - de que su voto “parezca o no” secreto,
independientemente de que lo sea o no. El actual sistema impuesto por
el órgano electoral no garantiza la libertad del voto. Esto lo
analizamos en más profundidad en el punto 2.4.
A
esto resta añadir que sólo si existe equilibrio y transparencia por
parte del CNE, principios de rango constitucional, se podrá confiar
en que el árbitro electoral tendrá la capacidad de hacer elecciones
auténticas. En caso contrario, habrá sobradas razones para
sospechar que los resultados declarados por el CNE no necesariamente
reflejan la voluntad popular.
Un
breve análisis de los comicios presidenciales realizados el pasado 7
de octubre, muestra que no se cumplieron al menos cinco de seis
condiciones requeridas para que unas elecciones sean auténticas.
Podría
afirmarse que el sufragio fue universal, porque todos los ciudadanos
mayores de edad tuvieron la posibilidad de participar, pero ni
siquiera esta aseveración es totalmente exacta, puesto que el
Registro Electoral no ha sido sometido a una auditoría independiente
desde hace años, y por tanto, es posible que hayan votado ciudadanos
extranjeros o incluso inexistentes, o que algunos ciudadanos hayan
votado más de una vez.
El
proceso no fue justo, porque el candidato del gobierno contó -
ilegalmente - con los recursos y medios del Estado para hacer campaña
electoral, mientras que la oposición debió sufragar su propia
campaña. No fue libre, porque los electores fueron coaccionados a
votar por el candidato del gobierno. No fue equilibrado, porque el
CNE mostró una clara parcialización a favor del oficialismo. Y no
fue transparente, porque el elector no tuvo la posibilidad de
comprobar, o incluso de entender, cómo funciona la compleja
plataforma electrónica que caracteriza al sistema electoral
venezolano. Y no fue auditable por el pueblo llano, porque a sus
organizaciones de defensa de los derechos de los electores les
resulta imposible comprobar la calidad del Registro Electoral, toda
vez que las direcciones de los electores han sido eliminadas, lo que
unido al punto anterior, implica que el sistema electoral se ha
consolidado como una gran caja negra, imposible de revisar en
profundidad en cualquiera de las etapas de un proceso electoral.
No
es necesario demostrar que haya habido fraude electrónico o robo de
votos para invalidar los comicios del 7 de octubre; basta con que se
hayan incumplido los requisitos arriba mencionados para afirmar
categóricamente que no hubo elecciones auténticas.
En
las próximas páginas, analizaremos cuáles son las perversiones
existentes en el sistema electoral venezolano, incluyendo los cambios
que se han venido imponiendo en el árbitro, las irregularidades en
el Registro Electoral, la modificación de la estructura de votación,
y la incorporación de una plataforma electrónica sumamente dañina
para la pulcritud y transparencia del sufragio. También analizaremos
el ventajismo oficial que caracteriza a los comicios venezolanos y la
parcialización del CNE, todo lo cual, tomado en su conjunto,
invalida cualquier elección, y muy particularmente la del pasado 7
de octubre.
Finalmente,
presentaremos nuestras propuestas para que, en el futuro, podamos
contar, si no con “el mejor sistema
electoral del mundo”, al menos con uno
que sea justo, libre, equilibrado, transparente y auditable por el
pueblo llano.
2.
La subordinación del Poder Electoral a un proyecto autocrático.
2.1.-
El Órgano Electoral: antes y después
En
la etapa del Pacto de Punto Fijo, el sistema electoral venezolano no
era perfecto. De hecho, privaba la consigna “acta mata voto”,
porque donde no había testigos de todas las toldas, comúnmente los
partidos más grandes se repartían los votos emitidos a favor de los
pequeños. Sin embargo, ese tipo de fraude se cometía a pesar de las
autoridades electorales y no con su aprobación. En cambio, en la
actualidad, las irregularidades parten principalmente del árbitro
electoral, que actúa abiertamente a favor del partido oficial.
La
Constitución de 1961, en su Artículo 113 (ver *1),
establecía claramente que los organismos electorales estarían
“integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o
agrupación política” y que “los partidos políticos
concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso
electoral”. Con ello se garantizaba el equilibrio en el árbitro
electoral, se le daba rango constitucional al derecho de vigilancia
de los partidos, el camino más expedito para garantizar
transparencia e igualdad de condiciones.
Inspirados
en esta norma, el parlamento promulgó la legislación electoral
contemplando la integración de directivas plurales en el extinto
Consejo Supremo Electoral (CSE), conformadas por representantes de
los cinco partidos más importantes (de acuerdo a los votos obtenidos
en la última elección parlamentaria) y un número de independientes
que varió, a lo largo del tiempo, de cuatro a seis miembros. Los
partidos minoritarios también tuvieron representación en la
directiva con voz y sin voto. Esta composición plural se propagó a
todas los niveles operativos, de manera que el derecho de vigilancia,
quedaba perfectamente garantizado y satisfecho.
La
novísima Constitución de 1999, impulsada por los que llevaron
adelante el Golpe Militar del 4 de febrero de 1992, introdujo
modificaciones en el sistema electoral que han lesionado severamente
el derecho de vigilancia y, consecuentemente, la transparencia de sus
actuaciones (ver *2).
En
efecto: Se eliminó el financiamiento público a los partidos
políticos, dando al gobierno ventajas económicas y logísticas
insuperables ante las aspiraciones opositoras. Se eliminó la
presencia de los partidos en la directiva del CNE, con lo cual se
anuló el ejercicio del derecho de vigilancia, hoy restringido a
auditorías limitadas con condiciones que impone el propio auditado,
es decir, el CNE. Y se eliminó de facto y luego de iure la
Fiscalía de Cedulación, única garantía de un Registro Electoral
depurado y controlado por las partes.
La
ausencia de los partidos en la directiva del CNE permeó hacia toda
su organización. Al no haber presencia de los partidos democráticos
en las direcciones claves del CNE se evidencia la falta de
transparencia del organismo electoral. Así se liquidó el principio
de “justicia” y el derecho de vigilancia que tantos problemas
evitó entre 1958-1998. Nunca como ahora cada elección se ha
convertido en un acto sospechoso y cuestionado.
Tal
como se comenta en la introducción, para que una elección sea
considerada auténtica, el árbitro comicial debe ser imparcial e
independiente, pero ese no es el caso del actual Poder Electoral.
Para ilustrar esta tesis, basta con recoger algunos episodios
ocurridos durante la campaña electoral que culminó el 7 de octubre.
Fue
público y notorio el uso de los recursos del Estado por parte del
candidato Hugo Chávez para hacer campaña electoral. Organismos
burocráticos, como los son los ministerios y la empresa Petróleos
de Venezuela, trabajaron abiertamente por la campaña oficialista. El
3 de octubre de 2012, la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a
los partidos de la oposición tradicional, entregó al CNE pruebas de
órdenes giradas por funcionarios del gobierno a los empleados
públicos para asistir obligatoriamente a los actos de campaña de
Chávez. El CNE no puso coto a esas violaciones, pero en cambio
prohibió al candidato opositor, Henrique Capriles, usar una gorra
con los colores de la bandera de Venezuela, alegando que los partidos
no pueden enarbolar los símbolos patrios para hacer campaña.
El
16 de enero de 2012, Venezuela oficializó el cierre de su consulado
en Miami, luego que Estados Unidos expulsara a la cónsul Livia
Acosta. La funcionaria había sido acusada de participar en un
supuesto complot iraní para realizar ciberataques en contra de
EE.UU. El Consulado de Miami atendía a unos 200.000 venezolanos
residentes en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y
Carolina del Sur. Además, era el principal centro de votación fuera
del país, con unos 20.000 ciudadanos aptos para votar. El CNE
decidió migrar a estos ciudadanos al Consulado de Nueva Orleans,
para que ejercieran allí su derecho al voto, pese a los mil
cuatrocientos kilómetros que separan a las dos ciudades, causando
así graves impedimentos a los electores, en su mayoría opositores.
En cambio, a finales de octubre, el CNE decidió migrar de manera
ilegal y extemporánea a los candidatos del PSUV a seis
gobernaciones, junto con sus familiares, para facilitarles el derecho
al voto.
El
22 de junio de 2012, el Consejo Nacional Electoral acordó que
los candidatos presidenciales dispusieran de tres minutos diarios de
anuncios televisivos para la campaña electoral, lo cual se hizo
cumplir estrictamente en el caso del candidato Capriles; pero el CNE
no puso coto alguno a las numerosas cadenas de radio y televisión
que hizo el candidato oficial, Tte Cnel Hugo Chávez. Durante la
campaña, que se inició el 1 de julio y culminó el 4 de octubre,
Chávez se encadenó 45 horas en total, un promedio de 28 minutos
diarios, sin que el CNE hiciere objeción alguna.
El
CNE tampoco se opuso a que el Sistema Nacional de Medios Públicos
estuviese dedicado casi las 24 horas al día a promover la
candidatura de Chávez, mientras que a la vez criticaba al candidato
opositor y a las organizaciones políticas que lo apoyaron. El
Sistema Nacional de Medios Públicos es un conglomerado de medios
estatales que incluye radios, televisoras,
rotativos y multimedios, adscritos al Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información.
El
11 de septiembre de 2012, cuatro organizaciones políticas que
apoyaban a Capriles, optaron por retirarle el respaldo o por
participar con sus propios candidatos. El CNE decidió no modificar
la boleta electoral, que se imprimió con la foto de Capriles en las
tarjetas de esas organizaciones, lo cual confundió a los electores
el 7 de octubre, perjudicando así al candidato Capriles con
alrededor de 250 mil votos, según estima la MUD. En cambio, el
pasado 31 de octubre, el CNE decidió modificar la boleta electoral
del estado Trujillo, para permitir la incorporación a última hora
del candidato del PSUV a la gobernación de esa entidad, general
Henry Rangel Silva.
Podríamos
continuar relatando muchos otros ejemplos que demuestran como el
árbitro electoral se constituyó en un factor que altera los
equilibrios a favor del Poder Ejecutivo, elección tras elección.
El
perfeccionamiento de la agenda de elecciones controladas, muestra su
mejor ángulo en las elecciones del 7 de octubre.
2.2.-
El Registro Electoral como Caja Negra
El
Registro Electoral (RE) lo componen todos los ciudadanos venezolanos
y extranjeros mayores de 18 años, que hayan solicitado su
inscripción en el RE. Sin embargo, para tener derecho a votar no
basta con ser venezolano por nacimiento y mayor de edad, también es
preciso haber manifestado la voluntad de hacerlo en un centro de
votación de su residencia. Esa manifestación de voluntad es la
única forma que tiene el CNE para conocer la parroquia de
residencia, a los efectos de las elecciones parlamentarias, de
gobernadores, alcaldes y concejales.
Asimismo,
tampoco basta ser “portador” de una cédula de identidad para
poder registrarse en el RE (cualquier persona puede portar la cédula
de un tercero), sino que es requisito sine qua non ser titular
de ella, es decir, que esté amparada con una certificación de la
ciudadanía, es decir, por una partida de nacimiento, o la Gaceta
Oficial donde conste la naturalización del titular.
Luego
de años de experiencias y acuerdos políticos, y en aras de
garantizar el equilibrio y el derecho de vigilancia en un área tan
sensible, se acordó la creación de una Dirección dependiente del
organismo electoral, cuyo personal era íntegramente postulado por
los partidos de oposición, denominada Fiscalía General de
Cedulación (FGC), cuya misión era verificar, caso a caso, el
cumplimiento de los requisitos arriba mencionados.
Esta
Fiscalía cumplió ejemplarmente su papel hasta que en el 2004, a
propósito de la activación del Referendo Revocatorio Presidencial,
se la eliminó con la instauración de la Misión Identidad. Con esa
decisión ilegal y súbita, las organizaciones políticas opositoras
perdieron todo control sobre el RE, y sobre el proceso de cedulación
a cargo de la ONIDEX (hoy SAIME), al cual tenía total acceso la FGC.
La
pérdida de ese control tuvo efectos inmediatos. A partir del año
2004, el Registro Electoral comenzó a experimentar un crecimiento
anómalo, el cual se ha visto reflejado en resultados electorales
“sospechosos” que han sido objeto de debates crónicos en el
sector opositor.
A
partir de ese momento comenzó a incrementarse la presencia cubana en
nuestro proceso de identificación civil, lo cual fue revelado cuando
se hizo del conocimiento público un contrato donde la empresa ALBET
S.A. funge de “integradora”, en el proceso de cedulación (ver *3).
En
el año 2005, en medio de una crisis política que llevó a la
oposición a retirarse de las elecciones, el CNE admitió ser
auditado de forma independiente por el Centro de Asesoría y
Promoción Electoral (CAPEL - ver *4)
dependiente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH),
con sede en Costa Rica. Esa auditoría previó un módulo de “Cotejo
de Actas de Nacimiento” de una muestra representativa del RE;
precisamente lo que hacía anteriormente, una a una, la Fiscalía de
Cedulación. El resultado de ese “cotejo” lo describe CAPEL así:
“Cuando
se obtuvo el nuevo listado en forma individualizada por cada caso,
con los datos provenientes de ONIDEX, se constató que del total de
la muestra, 5.571 casos contaban con la información solicitada
completa; 6.696 no la tenían o no era claro el lugar de inscripción
del nacimiento y quedaban pendientes de entrega por parte del CNE 533
casos rezagados por el proceso de búsqueda de la información”.
Es
decir, el CNE-ONIDEX no estuvo en capacidad de justificar la
venezolanidad del 56,48 % de los casos de la muestra solicitada. A
partir de ese momento no se ha realizado una sola auditoría
independiente y exhaustiva del RE.
2.3.-
Cambios en la infraestructura electoral (Centros de Votación)
La
infraestructura electoral comprende todos los locales, públicos y
privados (liceos, colegios, oficinas de correo, etc.), donde van a
sufragar los electores. Esa infraestructura es previamente
determinada y evaluada, para velar que los inscritos en el RE tengan
acceso adecuado al acto de votación.
Al
predefinir en qué locales habrían de operar los Centros de Votación
se persigue que, de antemano, los electores conozcan oportunamente
dónde están ubicados, y que sean ellos quienes seleccionen dónde
desean sufragar.
Una
de las medidas que ha tomado el CNE desde 2004 es incrementar (hasta
duplicar) los Centros de Votación - y centros itinerantes - con la
excusa de “acercar el voto al pueblo”. La experiencia ha
demostrado que, por lo general, ese objetivo es falso, y que hay otro
objetivo subyacente: hacer mucho más compleja la logística del
control opositor, a la par de resultar extremadamente oneroso, sobre
todo al considerar que los partidos políticos ya no tienen
financiamiento público.
Por
su parte el gobierno se garantiza un absoluto control en todos los
Centros de Votación gracias a la creación de cargos administrativos
como el “Coordinador del Centro de Votación” y el “Operador de
Máquina” (que no son más que funcionarios elegidos por el CNE,
muchos de los cuales comprometidos con el PSUV); a la incorporación
de la Milicia Bolivariana como parte del Plan República (todo
miliciano es un civil ideologizado, comprometido con el “proceso
revolucionario”, con entrenamiento militar, uniformado, armado y
bajo órdenes superiores) y, como colofón, unos funcionarios
electorales (miembros de mesa) seleccionados por un mecanismo
diseñado y ejecutado por el organismo electoral.
Los
miembros de mesa (MM) son los funcionarios electorales que actúan en
el acto de votación. A estos los selecciona el CNE de forma
presuntamente aleatoria del Registro Electoral. De los análisis
independientes practicados se ha determinado un sesgo notable de MM a
favor del PSUV, lo cual trae consigo un desequilibrio de la directiva
de la mesa electoral, que debe estar conformada por un Presidente, un
Secretario y dos miembros Principales. Aparte de ellos se eligen
también miembros suplentes.
En
el marco de la constitución de 1961, para ser MM era requisito ser
docente (Presidente), estudiante (Secretario) o profesional o técnico
(miembros principales o suplentes). Además, se previó que tres (3)
miembros fuesen nombrados directamente por los partidos políticos
más importantes en la parroquia. Con ello se equilibraba y respetaba
el “derecho de vigilancia” de los partidos en todos los niveles
político territoriales del país.
Al
derogar esta sabia disposición legal se incurrió en el error
(¿deliberado?) de elegir ciudadanos analfabetas reales o
funcionales, que no suelen presentarse para el cumplimiento de sus
funciones, y se vulneró el “derecho de vigilancia” de
todas las partes.
2.4.-
Una plataforma tecnológica al servicio del PSUV. La coacción, el
secreto del voto y la movilización electoral
La
plataforma tecnológica actual del CNE comprende: el Sistema de
Autenticación Integrado (SAI) y las computadoras portátiles
(“laptops”) para el “control de flujo de votantes”,
presentado como el Servicio de Información al Elector (SIE).
El
SAI no es más que la tradicional computadora de votación SmartMatic
con un “capta huellas” conectada a la misma. Su presunta misión
es: a) identificar al elector para “garantizar un elector un voto”,
falacia con la cual se le ha justificado; y b) la activación de la
máquina de votación una vez “identificado” el elector.
Es
preciso recordar que la forma clásica de minimizar la posibilidad
del voto múltiple fue el uso de tinta indeleble con nitrato de
plata. Este mecanismo es muy sencillo de entender y verificar, por el
ciudadano común. Pero para que resulte eficaz, los mecanismos de
fabricación, envase, auditoría de despacho (origen) y en el centro
de votación (destino) deben ser tales que se garantice el uso de la
tinta idónea, so pena de sanción.
Tal
como lo indica la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU, para que unas elecciones sean consideradas
auténticas, el voto debe ser secreto y libre.
Pero con el Sistema de Autenticación
Integrado (SAI) el voto no “parece” secreto, puesto que la capta
huellas no sólo está visiblemente conectada a la máquina de
votación, sino que además la activa.
De
acuerdo a estudios de campo realizados en distintos momentos, entre
60 y 65 por ciento de los electores venezolanos considera que su voto
no es secreto. Resaltamos que no sólo es imperativo que el voto sea
secreto, sino que también lo parezca, y ése no fue el caso en las
elecciones del pasado 7 de octubre.
La
libertad del voto nace de la confianza que el elector tiene en que su
voto es secreto. Si se somete al elector a mecanismos de votación
que le impiden o dificultan entender, por sus propios medios y con
base en sus propios conocimientos, que el voto es secreto, se
introduce un elemento de desconfianza, de duda, que acaba con la
libertad del voto. Para él, el secreto del voto pasa a ser, a lo
sumo, un “acto de fe” en lo que afirmen dirigentes políticos o,
aún peor, un técnico que él ni conoce ni sabe cómo se escogió.
Dado
que un alto porcentaje de los sectores sociales D, E y F dependen
económicamente del Estado, ya sea por estar inscritos en los planes
sociales denominados misiones, por pertenecer a la burocracia, o por
cualquier otro motivo; muchos de los electores que se sentían
identificados con la oposición, se vieron coaccionados a votar por
el PSUV, por temor a perder beneficios, subsidios o sueldos. En este
sentido, los pasados comicios presidenciales no pueden considerarse
“libres”.
Pero
como si todo lo anterior fuera poco, en contravención a la normativa
electoral, cinco semanas antes del día de la votación se aprobó la
implementación de la llamada “Estación de Identificación
del Elector”, es decir, el uso de una o más
computadoras portátiles para un supuesto “control de flujo de
votantes”. De esta forma, a la entrada del Centro de Votación, el
elector debía entregar su cédula de identidad, se transcribía en
la computadora portátil y seguidamente le entregaban un papel
indicando la mesa, página y línea donde iba a sufragar. Las
aparentemente inocentes “laptops” estaban en capacidad de
informar al CNE en tiempo real, quienes habían votado y, por
consiguiente, quienes no. Esto sirvió de instrumento clave para la
movilización del PSUV a última hora.
Aquí
cabe un comentario especial: es inaceptable que en un acto tan
delicado como es el de votación, se instalen dispositivos
informáticos que estén técnicamente capacitados para transmitir
información electoral (vía inalámbrica) desde y hacia los centros
electorales, mientras los ciudadanos están votando.
Así,
mientras la oposición operaba a ciegas, “sin instrumentos”; los
militantes del PSUV, informados por el CNE, estaban en condiciones de
saber a ciencia cierta quienes todavía no habían acudido a su
centro de votación, lo cual los capacitaba para movilizar a quienes
estaban inscritos en misiones, o trabajaban en algún organismo
público, para que fueran a votar, so pena de perder sus beneficios o
sus empleos.
Para
las elecciones presidenciales de octubre, este mecanismo de presión
incorporó un elemento más: el uso de efectivos militares de la
Guardia Nacional para movilizar a los electores del PSUV. Esto violó
la norma constitucional que dispone que ni los funcionarios públicos (ver *5)
y, muy
especialmente, tampoco la Fuerza Armada (ver *6)
pueden
estar al servicio de persona o parcialidad política alguna.
En
todo caso, puede afirmarse que la impresionante movilización de
última hora del oficialismo fue una sofisticada operación militar.
Dicho de otra forma: el Régimen contaba con un ejército, mientras
la oposición contaba con unos voluntarios. Usando la metáfora de
David contra Goliat, reiteradamente mencionada por el candidato
opositor, a Goliat le dieron una ametralladora, mientras que a David
le quitaron la honda.
Esto
fue objeto de agrios debates entre grupos técnicos, dado que los que
representaron formalmente al comando opositor dieron su “visto
bueno” a ese sistema, mientras otros grupos y ONGs independientes
insistieron en sus deficiencias y promovieron, sin éxito, la
conformación de un equipo de trabajo que lograra la «Unidad en lo
Técnico» (ver documentos "ESDATA-VOTOLIMPIO:
Urgente e impostergable: La Unidad en lo Técnico (ver *7) ",
y
"LA RECTA FINAL: Propuesta presentada los jefes del Comando
Opositor (ver *8).
2.5.-
Escrutinio automatizado de dudosa verificación.
De
acuerdo a la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE) el
escrutinio debe ser público (Artículo 110) y automatizado (Artículo
111). Lo cual resulta incoherente, porque mal puede ser público algo
que se realiza en los circuitos electrónicos de un computador. Para
subsanar esta incoherencia, se prevé un mecanismo de verificación
ciudadana de los comprobantes emitidos por las máquinas de votación.
De
acuerdo a esta norma, una vez realizado
el escrutinio en los circuitos electrónicos de la máquina de
votación, y una vez impresa el acta de votación, se procede a la
transmisión de los datos al centro de totalización para, de
seguidas, proceder a la verificación ciudadana.
La
verificación consiste en abrir un porcentaje de las cajas
(aproximadamente la mitad) donde están depositadas las papeletas de
votación, y comprobar que los resultados de las papeletas
corresponden a los que se reflejan en el acta de escrutinio emitida
por la máquina de votación correspondiente.
La
realidad que quedó evidenciada en las elecciones de octubre (gracias
a una mayor presencia de testigos) es que la verificación ciudadana
apenas alcanzó la cifra del 5%. El argumento que se ha esgrimido es
que no se le dio la relevancia a esa tarea por cuanto se confiaba en
la plataforma electrónica lo cual, precisamente, había (y sigue
siendo) la divergencia fundamental entre la opinión técnica de los
representantes oficiales del Comando y los grupos técnicos altamente
especializados que propusieron la “unidad en lo técnico”.
Por
todo lo expuesto puede afirmarse que los comicios del 7 de octubre no
fueron “transparentes”, como exigen la Constitución y las normas
internacionales, porque resulta muy complicado para un elector
inexperto entender cómo funciona el sistema de electrónico de
votación, así como el escrutinio, la transmisión y la
totalización. Para que una elección deje de ser auténtica, no es
indispensable comprobar que las máquinas electrónicas cambien la
voluntad del elector; basta con que el ciudadano no conozca en
detalle el funcionamiento de las mismas; es decir, que constituyan un
enigma para el elector.
Países
altamente tecnificados, como Alemania, han restringido y hasta
prescindido del voto electrónico. De hecho, la Corte Suprema de
Justicia de Alemania dictaminó en contra del voto automatizado,
argumentando que éste violaba la Constitución germana, la cual
establece que todos los pasos de la elección deben estar sometidos a
la verificación por parte del público. Según el dictamen de la
Corte, los aparatos electrónicos de votación no garantizan la
comprobación confiable por parte del ciudadano que carece de
conocimientos técnicos especiales.
2.6.-
El Terrorismo Electoral: Poderes del Estado amenazan con violencia y
guerra civil.
Para
que unos comicios puedan considerarse válidos, el elector debe estar
libre de cualquier forma de coacción, pero en el caso de Venezuela,
todos los ciudadanos fueron coaccionados, no solo por las máquinas
capta huellas mencionadas anteriormente, sino por la amenaza de
violencia y hasta de guerra civil, en caso de que el CNE no
proclamase el triunfo de Hugo Chávez.
El
24 de agosto de 2012, Chávez advirtió públicamente que si la
“burguesía” llegase a ganar los comicios del 7 de octubre,
eliminaría las misiones de atención de la salud, la educación y
alimentación.... “Esto llevaría a una guerra civil, porque ¿quién
puede pensar que el pueblo se quedaría con los brazos cruzados si le
quitan los derechos adquiridos? El pueblo no se quedaría de brazos
cruzados. Comenzarían las persecuciones contra el pueblo, comenzaría
la represión, como en el pasado”. Estas palabras, viniendo del
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, fueron interpretadas por
todos los venezolanos como una grave amenaza y una clara coacción
para votar a favor de su opción.
Ya
durante las primarias de la oposición, que se realizaron en febrero
de 2012, comenzaron a suscitarse hechos de violencia que empañaron
el ambiente electoral. El 14 de febrero, funcionarios de la Dirección
de Inteligencia Militar (DIM) interceptaron al vicepresidente de la
Junta Regional de Primarias del estado Aragua, José Clavijos, y le
arrebataron por la fuerza sobres con varias actas electorales de una
mesa de votación. En medio de esta situación, el joven Arnaldo
Espinoza murió tras ser arrollado por una grúa conducida por un
funcionario policial que intentaba remolcar el vehículo de Clavijos.
El
2 de septiembre, tres simpatizantes de la oposición fueron agredidos
con armas de fuego en el estado Zulia, luego del simulacro realizado
con fines a ajustar el proceso comicial del 7 de octubre. Freddy
Gómez, diputado del Consejo Legislativo de esa entidad, denunció al
alcalde chavista Luis Ruda de ordenar a sus escoltas arremeter contra
un grupo opositor. Diego Armando Cuello, de 22 años, recibió un
balazo que le atravesó el fémur; Yajaira Castillo, de 19 años, fue
impactada en el brazo derecho; y Orangel Urdaneta, de 30 años, fue
herido en el abdómen.
El
29 de septiembre, durante un acto de cierre de campaña del candidato
opositor Henrique Capriles en el estado Barinas, tres dirigentes de
oposición fueron asesinados por militantes del PSUV. Las víctimas,
Omar Fernández, Antonio Valero, y Héctor Rojas, quisieron mediar
entre quienes participaban en una caravana opositora y una barrera
del oficialismo, y fueron recibidos a bala. Uno de los asesinos
resultó ser Nelson Quintero, Director Regional del Ministerio del
Ambiente. El jefe del comando de campaña opositor en la entidad,
Julio César Reyes, responsabilizó de los hechos al hermano de Hugo
Chávez, el gobernador Adán Chávez.
En
Venezuela, constituye un hecho notorio comunicacional la existencia
de grupos armados al margen de la institucionalidad, denominados
“colectivos”, varios de ellos con sede muy cerca del Palacio
Presidencial de Miraflores, que han manifestado públicamente no
estar dispuestos a reconocer un triunfo electoral distinto al de Hugo
Chávez. Estos grupos han declarado abiertamente que, para lograr sus
fines, no dudarían en esgrimir sus armas y matar. No se trata de una
amenaza vana, porque en el pasado ya lo han hecho en varias
oportunidades.
En
medio de este ambiente de violencia y de coacción, muchos
venezolanos decidieron, en contra de su voluntad, votar para mantener
el status quo, a fin de evitar derramamiento de sangre.
2.7.-
Observación internacional sesgada.
Dado
que las violaciones e irregularidades descritas en este documento no
se encuentran ocultas sino que, por el contrario, saltan a la vista,
el CNE necesitaba de una observación internacional complaciente, que
avalase el proceso electoral de 2012. Para lograrlo, el árbitro
comicial tomó tres medidas:
Primero,
eliminó la figura de “observación internacional”, y la
sustituyo por una mucho más débil e inoperante: la de
“acompañamiento”. Segundo, impidió la participación de
observadores internacionales serios y experimentados, como los
delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la
Unión Europea. Y tercero, entregó el acompañamiento en manos de
los aliados ideológicos del gobierno.
El
CNE decidió eliminar la observación internacional luego de las
elecciones presidenciales de 2006, cuando las misiones electorales de
la OEA y la Unión Europea emitieron un informe conjunto en el que
criticaron el ventajismo del gobierno en la campaña.
Según un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información (MINCI), fechado el 14 de agosto de
2012, “Venezuela ya no depende de observadores internacionales para
avalar los procesos internos de elección, porque cuenta con uno de
los sistemas electorales más avanzados y confiables del mundo”.
El
23 de agosto de 2012, el Consejo Nacional Electoral y la Unión
Suramericana de Naciones (UNASUR) firmaron un acuerdo para que ese
organismo multilateral –prácticamente el único– viniese al país
en calidad de “acompañante” internacional con
motivo de los comicios presidenciales del 7 de octubre.
Pese
a que UNASUR no tenía experiencia alguna en supervisar elecciones,
la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, junto con el hoy
vicepresidente Nicolás Maduro, calificó el convenio como una
“victoria” de los organismos electorales del continente. “Hemos
puesto de nuestra parte para crear una nueva forma de mirarnos, de
cooperar y de fortalecer la democracia”, declaró.
UNASUR
está encabezada por el venezolano Alí Rodríguez Araque, quien
desempeñó cargos importantes en el gobierno de Chávez, entre
ellos, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Energía y
Minas, Presidente de PDVSA, y Embajador de Venezuela en Cuba. Alí
Rodríguez es además miembro fundador del Foro de Sao Paulo (FSP),
organización internacional que apoya abiertamente al comandante
Chávez. El jefe de la misión de acompañamiento de UNASUR que fue
el argentino Carlos “Chacho” Álvarez, quien también es miembro
fundador del FSP.
Hasta
el Centro Carter, considerado por muchos opositores como complaciente
con el gobierno de Chávez, se negó a enviar una misión de
acompañamiento a Venezuela para las elecciones de 2012. El Centro
Carter criticó que el propósito del “acompañamiento” es
“invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas
durante día de la votación, mediante una presencia política
mayormente simbólica”; mientras que el propósito de la
“observación” es el de “evaluar el proceso electoral en su
conjunto de manera sistemática”.
El
24 de agosto de 2012, en una entrevista concedida a la agencia EFE,
el candidato opositor, Henrique Capriles, acusó al Gobierno de hacer
"todo" para que no (haya) hubiera observadores
internacionales, y de sustituir esa figura por la de "acompañantes",
para poder llevar a cabo sus "triquiñuelas". Capriles
explicó que "este es un gobierno que siempre le gusta jugar
sucio y, mientras menos ojos tenga viendo el proceso, probablemente
bajo su perspectiva de las cosas, significa que a la hora de sus
triquiñuelas no tenga nadie que las pueda observar".
2.8.-El
fraude: un virus que muta.
Luego
de observar con detenimiento el sistema electoral venezolano desde el
referendo de 2004 hasta los comicios del pasado 7 de octubre, podemos
concluir que su comportamiento se asemeja al de un virus que muta,
crece y se perfecciona, para tergiversar la voluntad popular con cada
vez mayor eficiencia.
En
noviembre de 2011, la prestigiosa revista “Statistical Science”
publicó un número dedicado a presentar las inconsistencias y
anomalías encontradas en los resultados del referendo revocatorio de
2004. La revista incluyó seis estudios, los cuales fueron objeto de
una profunda revisión y verificación antes de ser autorizada su
publicación (ver http://esdata.info/papers).
Entre
otras muchas irregularidades, los estudios muestran las siguientes:
primero, existe una palpable diferencia entre los resultados
obtenidos en los centros de votación automatizados y los centros
donde la votación se hizo manualmente; segundo, los
resultados contradicen leyes estadísticas incontrovertibles;
tercero, existen serias discrepancias entre las encuestas a
boca de urna (exit polls) y los resultados oficiales; cuarto,
la sospechosa transmisión de datos entre las máquinas de votación
electrónicas y el CNE contravienen las normas electorales; y quinto,
existen evidencias estadísticas de que los resultados reales de la
votación fueron alterados a través de las máquinas.
En
resumen, en el referendo revocatorio de 2004 la tergiversación de la
voluntad de los electores se dio básicamente a través de las
máquinas electrónicas. Pero como las evidencias de las
irregularidades fueron saliendo progresivamente a la luz pública, el
“virus” mutó y se perfeccionó, encontrando otras maneras de
lograr sus objetivos; entre ellas, incorporando máquinas capta
huellas que pusieran en duda el secreto del voto, para así
coaccionar al elector. Increíblemente,
las capta huellas no cumplen la supuesta función de garantizar un
elector, un voto; por el contrario, es factible el voto de una
persona registrada
en diferentes mesas, con la misma huella pero diferentes números de
cédula de identidad, consolidando así el llamado voto de los
multicedulados.
En
los comicios de septiembre de 2010, destinados a elegir diputados a
la Asamblea Nacional, el CNE recurrió a un nuevo esquema de
manipulación, conocido en los Estados Unidos como “gerrymandering”.
El término proviene del apellido de un gobernador del estado de
Massachusetts, Elbridge Gerry, quien en 1812, preocupado porque su
partido no lograba la victoria en los distritos del norte y el oeste
del estado, decidió unificar todos esos distritos en uno solo, que
de ese modo obtendrían menos escaños en la legislatura. Los
periodistas que observaban el nuevo mapa electoral se percataron de
que el distrito así creado tenía la forma de una salamandra (en
inglés: salamander), a la que pusieron por nombre
Gerry-mander.
Tal
como se explica en un video-informe producido por Estada, disponible
en el enlace http://esdata.info/Salamandra-1,
el CNE imitó el esquema implementado
por el gobernador Gerry, y modificó los circuitos electorales para
tergiversar los resultados de las elecciones parlamentarias de 2010.
De esta forma, aunque la oposición alcanzó la mayoría de los votos
(51% del total nacional) solo obtuvo 61 curules (40% del total de la
Asamblea Nacional); mientras que el oficialismo, con la minoría de
los votos (46,4%), obtuvo 95 curules.
Esto
constituye una evidente violación a la norma constitucional
(Artículo 63) que reza así:
Artículo
63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante
votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley
garantizará el principio de la personalización del sufragio y la
representación proporcional.
Cuando el 27 de
septiembre de 2010, la periodista Andreína Flores, de Radio Francia
Internacional, preguntó a Hugo Chávez "¿Cómo se explica que
con una diferencia de unos 100 mil votos, la oposición haya logrado
37 escaños menos que el oficialismo?”, el Presidente contestó,
molesto e incómodo: “Ustedes transmiten mentiras, sin rubor. Allí
es donde yo digo, reflexionen, tengamos vergüenza, tengamos ética…
tú no conoces la Constitución, porque la respuesta está allí…
tú haces una pregunta extraña, de manera configurada… ¿De dónde
alguien puede pensar que la cantidad de diputados, de unas elecciones
que son circuitales?… 110 diputados no tiene nada que ver con la
votación nacional”.
En
las elecciones presidenciales de 2012, el “virus” mutó de nuevo,
conectó las maquinas capta huellas directamente a las máquinas de
votación, e incorporó las computadoras portátiles a la entrada de
los centros de votación. Con este doble dispositivo se lograron dos
objetivos esenciales: la eficacia de la coacción al elector y la
eficacia de la movilización de votos oficialistas. Dos insuperables
e inequitativas ventajas que el CNE brindó al oficialismo.
3.-
2012: año del llamado a exigir Elecciones Auténticas
3.1.-
La Oposición Tradicional ante el Golpe de Estado Electoral.
¿Por
qué la oposición reconoce los resultados y no reconoce la
desconfianza de los ciudadanos en el Poder Electoral?
Cuando
el CNE tergiversa la voluntad de los electores, no lo hace a
escondidas, sino que por el contrario actúa de manera abierta y
descarada; por eso constituye un verdadero misterio que los partidos
de la oposición tradicional insistan en validar una y otra vez los
resultados de las elecciones realizadas desde el año 2004 hasta la
fecha.
Pero
resulta particularmente desconcertante la actitud de algunos líderes
opositores durante el proceso comicial del pasado 7 de octubre,
porque no solamente avalaron todas las irregularidades y aceptaron
incondicionalmente los escrutinios oficiales, sino que condenaron a
todo aquel que se atreviera a cuestionar al sistema electoral
venezolano, todo ello además, con el
descaro de haber sido estos mismos dirigentes los que llamaron a
votar en las Primarias (febrero) bajo la consigna de que no habrán
captahuellas y se quemarán los cuadernos electorales.
El
12 de julio de 2012, durante una presentación realizada ante el
Congreso de los Estados Unidos, la presidenta de la comisión
electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Teresa Albanes,
respaldó la transparencia del CNE y rechazó las críticas de
quienes dudaban de la seguridad de nuestro sistema de votación.
“Este tipo de comentarios de hecho alimentan las
sospechas de que hay algo irregular en el sistema electoral… muchas
veces las críticas, que señalan entre otras cosas que podría
violarse el secreto al voto,
vienen de sectores radicales”, dijo.
El
27 de agosto de 2012, el prestigioso escritor Carlos Alberto Montaner
publicó un artículo titulado “Chávez y la trampa que se
avecina”, en el que fundamentó su tesis sobre el fraude electoral
que estaba en marcha en Venezuela. Increíblemente, no fueron los
funcionarios del gobierno chavista quienes lo refutaron, sino Vicente
Díaz, único Rector
considerado independiente dentro del Directorio del CNE, quien
le respondió en una carta abierta en estos términos: “En
Venezuela es imposible un fraude electrónico. No hay forma. Las
máquinas no pueden alterar los votos porque luego se verifican
contra los comprobantes en papel y contra la cantidad de electores
firmantes del cuaderno de votación”.
Luego
de realizadas las elecciones del 7 de octubre, y como consecuencia de
la avalancha de artículos y declaraciones en contra del CNE, algunos
dirigentes de la MUD se vieron obligados a reconocer públicamente
que el ente comicial avalaba el ventajismo oficial e incurría en
“triquiñuelas”, pero siempre insistiendo en que no había habido
fraude. El 9 de octubre, el propio candidato Capriles declaró: “Aquí
no hubo fraude… si aquí hubiese habido algo que pusiese en duda
(el proceso), yo sería el primero en decirlo”; y
agregó: “generan mucha suspicacia esos foquitos (que protestan
los resultados)… Me preocupa que sea algo montado para hacernos
decaer e ir hacia la antipolítica”.
Surge
la pregunta obvia, planteada por muchos analistas venezolanos y
extranjeros, así como por mucha gente de la sociedad democrática:
¿Por qué los líderes opositores son los principales defensores del
sistema electoral venezolano, habiendo tantas evidencias de
violaciones e irregularidades? Al respecto han circulado numerosas
hipótesis y especulaciones, siendo básicamente la del miedo a decir
la verdad la que tiene más frecuencia en las respuestas.
Esos
temores tienen al menos tres niveles. El primero y más sencillo está
relacionado a la tesis según la cual “hablar mal del CNE provoca
abstención”. Los líderes opositores consideran que la abstención
causa más daño a sus pretensiones que ceder a las manipulaciones
del ente comicial.
El
segundo es el miedo a un baño de sangre. Chávez ha amenazado
reiteradamente a los venezolanos diciendo que “esta revolución es
pacífica, pero está armada”. El ex ministro de la Defensa, Henry
Rangel Silva, hoy candidato a gobernador por el PSUV, declaró
públicamente que las Fuerzas Armadas no aceptarían un resultado
electoral adverso a Chávez. Y además existen los grupos irregulares
armados que impunemente amenazan con masacrar a la población si
Chávez pierde el poder. Muchos dirigentes opositores prefieren
participar en elecciones fraudulentas y aceptar los resultados, antes
que desenmascarar al CNE y con ello provocar la ira del régimen.
Finalmente
está el temor a un “golpe militar de derecha”. Buena parte de
los dirigentes opositores, sobre todo aquellos de pensamiento
socialista, consideran que decir la verdad sobre el esquema electoral
venezolano desestabilizaría nuestro sistema electoral, y abriría
las puertas a una intervención militar de derecha, al estilo
Pinochet.
Por
nuestra parte, estamos convencidos que revelar la verdad del sistema
electoral ni genera abstención, ni provoca baños de sangre, ni abre
las puertas a un golpe. Por el contrario, seguir escondiendo la
realidad a los venezolanos y continuar tergiversando la voluntad de
los electores, en medio de la creciente crisis que afecta al país,
es la forma más expedita para avivar las tensiones y para provocar
la violencia y la anarquía.
Consideramos
que si el gobierno venezolano ha puesto el sistema
electoral a su favor y existen claros indicios de colaboración
abierta o encubierta por parte de buena parte de la oposición para
legitimarlo, a la sociedad civil consciente no le queda otra
alternativa que ponerse de acuerdo para exigir públicamente que se
establezca un sistema electoral honesto, justo, libre, transparente.
3.2.-
Declaración de Caracas.
En
este sentido, un grupo de venezolanos, ONG’s y organizaciones de
trabajadores, con y sin afiliación partidista, conscientes de la
imposibilidad de celebrar elecciones auténticas con el actual
sistema electoral venezolano, se reunieron en la ciudad de Caracas el
25 de Agosto de 2012 para alertar a Venezuela y al mundo acerca del
ventajismo que se avecinaba para las Elecciones Presidenciales del 7
de Octubre, promoviendo acciones que apuntaran a dar transparencia al
proceso electoral. Se firmó entonces la Declaración de Caracas,
formando lo que se dio en llamar la COALICIÓN POR LA INDEPENDENCIA Y
EL PROGRESO, cuyo reto es de agregar valor a la lucha por
Democratizar el Poder Electoral, y poder así, convocar elecciones
venezolanas auténticas, camino único para llegar acuerdos sanos que
faciliten la gobernabilidad de nuestra nación.
De
esta manera se le da a conocer al mundo la situación electoral
venezolana desde la perspectiva de la población, ejercer acciones
legales contra el CNE, ante organismos nacionales e internacionales,
por haber incorporado mecanismos y sistemas reñidos con la
consecución de elecciones auténticas y sumar la mayor cantidad de
voluntades para el desafío de democratizar el Poder Electoral y
garantizarle así a los ciudadanos ELECCIONES VENEZOLANAS AUTÉNTICAS,
único camino pacífico para superar los desequilibrios nacidos en
esta oscura etapa de nuestra historia, tal y como reza en los
numerales 5 y 7 de la declaración (http://declaraciondecaracas.blogspot.com/2012/08/declaracion-de-caracas-25-08-12.html).
3.3.-
Impugnación de las elecciones del 7 de octubre.
El
29 de octubre de 2012, un equipo de abogados acudió al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), a fin de introducir un recurso de nulidad
a las elecciones presidenciales realizadas el 7 de octubre. Según
explicaron los juristas, en el recurso se argumenta que en el evento
comicial se registró “un fraude masivo y generalizado”, razón
por la cual la victoria de Hugo Chávez carece en absoluto de
legitimidad. Adicionalmente, los accionantes solicitaron al TSJ la
conservación del material electoral correspondiente al proceso, la
depuración del Registro Electoral y la realización de nuevas
elecciones.
Entre
otras violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos
Electorales, la impugnación señala:
Primero,
que Chávez no podía ser candidato por ser un militar activo;
Segundo,
la ilegalidad de un sistema de autenticación (capta huellas)
combinado con un cuaderno electrónico de votación, conectado a la
máquina de votación, lo cual puede afectar el secreto del voto;
Tercero,
la existencia de elevado número de electores cuya inscripción en el
Registro Electoral debía ser excluida, revertida o suspendida, según
correspondiese;
Cuarto,
la negativa de parte del Consejo Nacional Electoral a realizar
auditorías independientes que soporten la condición de electores de
los inscritos en el Registro Electoral;
Quinto,
amenazas proferidas y violencia ejercida contra el principal
candidato opositor y contra el electorado, durante la campaña
electoral;
Sexto,
existencia de grupos civiles armados, al margen de la ley y de la
institucionalidad, que se proclamaban defensores electorales del
candidato Chávez;
Séptimo,
Implementación de la llamada “Estación de Identificación del
Elector” (explicada en el capítulo 5 de este documento);
Octavo,
intimidación al elector y violación del derecho al voto libre y
secreto;
Noveno,
obstaculización por parte del gobierno de la votación de los
venezolanos en el exterior (caso de la eliminación del Consulado de
Miami);
Décimo,
ausencia de la gran mayoría de las actas de verificación ciudadana,
y
prueba de cotejo de acta de escrutinio con el cuaderno de votación;
y,
Undécimo,
empleo de medios del Estado en campaña política a favor del
candidato oficialista.
Esa
misma semana, un grupo de militares retirados solicitó al TSJ la
nulidad de las elecciones del 7 de octubre. Los oficiales
introdujeron el recurso debido a “la duda suscitada en la
generalidad de los ciudadanos votantes correspondientes al sector
democrático opositor acerca de la veracidad y justeza numérica del
fallo del árbitro electoral”. En el recurso se afirma que con la
implementación del sistema automatizado para la votación y del
método computarizado de escrutinio se viola el artículo 294 de la
Constitución, y se impide la verificación ciudadana.
Los
uniformados pidieron a la Sala Electoral del máximo tribunal de la
República que “ordene al ente rector proceder a una verificación
directa y material de la voluntad de los votantes, contenida de
manera total e inequívoca en la papeleta depositada en las urnas
electorales”.
4.-
2013: Hacia un nuevo Sistema Electoral que contribuya a recuperar la
gobernabilidad democrática.
Cualquier
intento que implique la recuperación de la Democracia y el Estado de
Derecho pasará por elegir nuevas autoridades, comenzando por el
Presidente de la República. Se da el caso que la extensión del
periodo constitucional 2007-2013, al margen de la Constitución de
1999, ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo proceso
electoral en el marco de la restitución urgente de la
institucionalidad violentada en el país. Sin embargo, sin Elecciones
Auténticas en Venezuela, los factores democráticos no deberían
concurrir a un nuevo proceso electoral, so pena de legitimar el
régimen.
En
este sentido, en el primer bimestre del año 2013 se debería
promover, a lo interno de la sociedad democrática, una gran consulta
sobre el sistema electoral.
La
oposición organizada debería ponerle fecha. Se organizaría con las
asociaciones de defensa de los derechos de los electores, y sin el
concurso del CNE.
Podrían
realizarse preguntas como:
Primero,
¿Está de acuerdo con que la directiva del CNE estuviera conformada
por dos rectores propuestos por los partidos del gobierno, dos por
las organizaciones de la oposición, y uno de común acuerdo
(Presidente)?.
Segundo,
¿debe ser el pueblo el que cuente los votos de las urnas
electorales?
Tercero,
¿está de acuerdo en realizar una Auditoría del Registro Electoral,
realizada por profesionales independientes de trayectoria reconocida?
Cuarto,
¿Deberían eliminarse las captahuellas?
Quinto,
¿Se debería restituir la presencia de los partidos en el CNE y su
financiamiento público, justo y oportuno?
Sexto,
¿Se debería eliminar la reelección indefinida?
Séptimo,
¿Se debe eliminar la presencia de las milicias en los procesos
electorales?
Una
vez realizada esta consulta, se sentarían las bases de una discusión
de la sociedad democrática acerca de lo que debe ser el futuro
sistema electoral venezolano, y las ventajas de tener un sistema
transparente, que permita realizar, en una transición, las grandes
consultas que nos esperan.
La
discusión se diseñaría en base a los estándares y normativas
internacionales que se han suscrito en la materia y que podrían
proporcionarle al pueblo venezolano un sistema electoral eficiente,
confiable y transparente; y, de esta forma, devolver la credibilidad
al ente comicial y al valor del voto.
En
ese proceso de análisis se tocarían materias como:
- Presencia a tiempo completo de representantes de la oposición en todas las áreas operativas del CNE.
- Contenidos de las necesarias y urgentes reformas a las Leyes Orgánicas del Poder Electoral y de Procesos Electorales (LOPE y LOPRE) para adecuarlas a los principios universales de elecciones auténticas.
- La restitución inmediata de la Fiscalía de Cedulación.
- El concurso para la elección de los auditores independientes del Registro Electoral
- La posibilidad, de ser necesario, de rehacer el Registro Electoral en su totalidad.
- Establecer un mecanismo de selección equilibrada de funcionarios electorales (Juntas Electorales y Mesas de Votación) y administrativos, reevaluando sus funciones de acuerdo a un nuevo sistema de contabilizar los votos
- Eliminación del Sistema Electrónico de Votación para el ejercicio del sufragio en los Centros Electorales y cualquier maquinaría electrónica accesoria, volviendo al voto manual a través de papeletas electorales, con urna transparente y escrutinio público de la totalidad de los votos, con verificación ciudadana y testigos de los partidos participantes.
- Implementar los procedimientos técnicos necesarios para el envío de las Actas de Escrutinio al ente electoral, luego del cierre de cada Mesa, con el fin de garantizar la contabilización eficaz de los resultados electorales y su escrutinio público para el mismo día de la elección, tal como sucede en México, Colombia y otros países latinoamericanos.
La
metodología para el proceso de discusión, y posterior promoción de
la gran consulta popular nacional, pasaría por desarrollar una red
parroquial de promotores de elecciones auténticas.
Este
proceso permitiría organizar a la sociedad democrática para
cualquier posible consulta que intente el Poder Ejecutivo, en aras al
intento de modificar la Constitución, ya sea para eliminar las
restricciones que establece sobre falta absoluta del Presidente, o
para imponer la agenda de centralización del país.
Así
mismo, se explicaría al pueblo la importancia de las consultas
nacionales y regionales sobre el “qué hacer” en temas tan
delicados como, por ejemplo, la gasolina, la inseguridad, el tráfico,
y el desempleo.
5.
Conclusión
Superar
la crisis de gobernabilidad democrática nacida del 10E pasa
necesariamente por implementar un nuevo Sistema Electoral justo,
libre, transparente, equilibrado, y en el que el Pueblo cuente los
votos, constituye la piedra angular para recuperar la gobernabilidad
democrática, re-establecer los equilibrios en los distintos poderes
públicos, y realizar las consultas en temas sensibles, condición
“sine qua non” para garantizar un futuro período histórico de
paz, orden y prosperidad.
Las
elecciones auténticas sirven para disminuir las tensiones existentes
en un país, tramitar las decisiones difíciles, y para abrir nuevos
caminos hacia el progreso de todos los venezolanos. Pero en el caso
de los comicios presidenciales del 7 de octubre ocurrió lo
contrario: las frustraciones y las tensiones se mantuvieron intactas,
e incluso aumentan con el paso del tiempo.
Esto
se debe, por una parte, a que la mayoría de los venezolanos no
confía en la transparencia del CNE, ni está conforme con su
desempeño; por tanto, existen serias dudas respecto a quién, en
realidad, ganó las elecciones. Por otra parte, los ciudadanos se ven
afectados por los graves y crecientes problemas que existen en
nuestra nación, y creen que los resultados electorales no garantizan
su solución.
Del
lado del gobierno, se observa una determinación obsesiva de imponer
en Venezuela un modelo comunista similar al cubano, dejando a un lado
la resolución de los problemas reales. Chávez se niega a entender
que dicho modelo es inaplicable en nuestro país, y que su
insistencia en impulsarlo solo logra incrementar la polarización y
los conflictos.
De
lado opositor, hay un interés casi exclusivo en participar en los
procesos electorales y en alcanzar los pocos cargos públicos que el
sistema les permite ocupar, con lo que se abandonan otros espacios de
lucha igualmente importantes, y se descuidan los aspectos ideológicos
y filosóficos que toda acción política requiere.
Enfrascados
en sus propias aspiraciones, ni los unos, ni los otros parecieran
darse cuenta de la terrible crisis que se avecina, y mucho menos se
preparan para afrontarla con éxito. Esperemos que abran los ojos
antes de que sea tarde; pero, aunque ello ocurra, el concurso de los
partidos de gobierno y de oposición no será suficiente para llevar
nuestra nave a buen puerto en medio de la cercana tormenta; hace
falta la participación de todas las fuerzas vivas del país, entre
ellas, las universidades, academias, gremios, sindicatos, ONGs,
líderes religiosos, dirigentes regionales, estudiantes,
intelectuales, comunicadores, militares retirados y demás sectores.
Quienes
suscribimos este documento, confiamos plenamente en las capacidades
del pueblo venezolano, y creemos sinceramente que existen soluciones
razonables, pacíficas y constitucionales a los problemas que nos
afectan; pero se requiere de un enorme esfuerzo conjunto y de una
gran creatividad. Sin embargo, no podremos emprender juntos el
camino, sin antes tomar dos medidas importantes: liberar a los presos
políticos y reformar el sistema electoral, para que sea
verdaderamente representativo de la voluntad popular.
Para
finalizar, queremos hacer llegar a todos nuestros compatriotas un
mensaje de aliento y de esperanza. Tengan confianza en Dios; tengan
confianza en los valores y principios que, pese a todo, todavía
permanecen inalterados en nuestras instituciones nacionales; y tengan
confianza en sí mismos. Con el favor de Dios y con nuestro propio
esfuerzo, saldremos adelante y haremos de Venezuela una gran nación.
Suscriben por el Proyecto EVA,
Guillermo Salas
Lic. Física, Miembro de Esdata
Gustavo Delfino
Ingeniero, Miembro de Esdata
Alfredo Weil
Ingeniero, Miembro de Esdata
Ludwing Moreno
Miembro A.C. Voto Limpio
José I. Gainzarain
Lic. Matemáticas
Marisol Sarría
Abogado
Luisa Elena Vidaurre
Miembro de la AC Por la Conciencia
Luis Manuel Aguana
Lic. en Computación, Miembro del Por la Conciencia, y
Coordinador General AC Familia Metro
Theresly Malavé
Abogada, Miembro AC Justicia y Proceso - Venezuela
Suscriben por el Proyecto EVA,
Guillermo Salas
Lic. Física, Miembro de Esdata
Gustavo Delfino
Ingeniero, Miembro de Esdata
Alfredo Weil
Ingeniero, Miembro de Esdata
Ludwing Moreno
Miembro A.C. Voto Limpio
José I. Gainzarain
Lic. Matemáticas
Marisol Sarría
Abogado
Luisa Elena Vidaurre
Miembro de la AC Por la Conciencia
Luis Manuel Aguana
Lic. en Computación, Miembro del Por la Conciencia, y
Coordinador General AC Familia Metro
Theresly Malavé
Abogada, Miembro AC Justicia y Proceso - Venezuela
Enlaces:
1 Constitución de 1961
Artículo 113. La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías.
Los organismos electorales estarán integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política, y sus componentes gozarán de los privilegios que la ley establezca para asegurar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Los partidos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral., establecía claramente que los organismos electorales estarían “integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido
Artículo 113. La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías.
Los organismos electorales estarán integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política, y sus componentes gozarán de los privilegios que la ley establezca para asegurar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Los partidos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral., establecía claramente que los organismos electorales estarían “integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido
2
“LAS
ELECCIONES Y EL PODER EN TIEMPOS DE LA V REPÚBLICA”
(http://declaraciondecaracas.blogspot.com/2012/08/documento-base-de-la-declaracion-de.html)
(http://declaraciondecaracas.blogspot.com/2012/08/documento-base-de-la-declaracion-de.html)
3
Ver sub contrato de la empresa cubana ALBET, C.A. (www.albet.cu) con
la empresa GEMALTO México, aquí
http://es.scribd.com/doc/60259848/Contrato-en-la-empresa-cubana-Albet-y-la-filial-mexicana-de-Gemalto-para-proveer-la-cedula-electronica-a-Venezuela
4
CAPEL: Centro de Asesoría y Promoción Electoral dependiente del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
http://www.iidh.ed.cr/capel/
5 Artículo
145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas
están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna.
(…)
6 Artículo
328. La Fuerza Armada Nacional constituye una
institución esencialmente profesional, sin militancia política,
organizada por el Estado para garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio
geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el
desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En
el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la
Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política
alguna.
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