Coalición Independencia y Progreso

El sábado 25 de agosto del año 2012, nació en Caracas, la Coalición Independencia y Progreso. Fruto del trabajo de diferentes organizaciones de trabajadores y ciudadanos, esta coalición se plantea el reto de agregar valor a la lucha por Democratizar el Poder Electoral, y poder así, convocar elecciones venezolanas auténticas, camino único para llegar acuerdos sanos que faciliten la gobernabilidad de nuestra nación.

miércoles, 23 de enero de 2013

¡ ELECCIONES AUTENTICAS YA !



ELECCIONES VENEZOLANAS AUTÉNTICAS:
 
Una exigencia impostergable.

Caracas – Enero 2013
(Proyecto EVA)



Índice


  1. Introducción
  2. La subordinación del Poder Electoral a un proyecto autocrático.
    1. El Órgano Electoral: antes y después
    2. El Registro Electoral como Caja Negra
    3. Cambios en la infraestructura electoral
    4. Una plataforma tecnológica al servicio del PSUV
    5. Escrutinio automatizado de dudosa verificación
    6. El Terrorismo Electoral: Poderes del Estado amenazan con violencia y guerra civil
    7. Observación internacional sesgada
    8. El FRAUDE: un virus que muta
  3. 2012: el año del llamado a exigir Elecciones Auténticas.
    1. La Oposición Tradicional ante el Golpe de Estado Electoral.
    2. La Declaración de Caracas.
    3. Impugnaciones a la elección presidencial del 7O.
  4. 2013: Hacia un nuevo sistema Electoral que contribuya a recuperar la gobernabilidad democrática de la Nación.
  5. Conclusión


1. Introducción.
Las elecciones del 7O y del 16D forman parte de un Golpe Electoral por etapas. Con relación al 7O, se han sido introducido dos acciones de impugnación a dicha elección presidencial que el Tribunal Supremo de Justicia pretende sumergir en el sueño de los justos.
El primer eslabón visible del fraude del 7O lo constituye la acción del propio aspirante del oficialismo, quien se propone como candidato a sabiendas de su imposibilidad de ejercer la presidencia.
Este fraude continuado (etapas), compuesto de un conjunto de acciones que lo hacen complejo y multifactorial, ha llevado a la Nación a una crisis sin precedentes, con el agravante del concurso de parte del liderazgo tradicional de la oposición, que ha llevado a la sociedad democrática a una agenda exclusivamente electoral, y de paso, sin posibilidad alguna de triunfos relevantes.
De haber existido una agenda política realmente al servicio de la democracia, no se hubiera llegado al segundo golpe en menos de tres meses: el Golpe Constitucional nacido del dictamen del TSJ relacionado con la toma de posesión (10E).
El desconocimiento a la Constitución de 1999 por parte del TSJ, al prolongar el periodo constitucional 2007-2013, no es más que la consecuencia de contar con unos poderes públicos cuyo origen ha sido el resultado de procesos electorales marcados por el signo del fraude. Desde el año 2004, ninguna elección en Venezuela ha sido auténtica. De acuerdo a la definición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (Artículo 21), y la Carta Democrática Interamericana de la OEA (Artículo 3), para que unas elecciones sean auténticas, deben ser universales, justas y libres. Estos dos instrumentos multilaterales, que forman parte de nuestra legislación interna, imponen al Consejo Nacional Electoral (CNE) condiciones ineludibles para el ejercicio de sus competencias, que de cumplirse invalidan automáticamente los eventos electorales por carecer de “autenticidad”.
El gobierno de Hugo Chávez, actualmente sometido a dos fuertes críticas de legitimidad (fraude del 7O y golpe constitucional del 10E), se ufana de proclamar, sobre todo ante los medios internacionales, que “Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral del mundo”. Sin embargo, como se comprueba en este documento, no se trata precisamente del mejor sistema, sino del más complejo y sofisticado, porque es capaz de tergiversar masivamente la voluntad de los electores, pero aparentando pulcritud.
En el período que va desde el 2004 al 2012 podemos encontrar elecciones que marcaron pautas en este proceso de desnaturalización de un sistema electoral democrático. En el año 2004, el CNE inaugura la etapa del apartheid electrónico, al digitalizar las listas de los firmantes de la solicitud de revocatorio al presidente, proceso organizado de manera ejemplar por la organización Súmate.
En el año 2007, el Régimen sufre su aparente primer revés electoral, rápidamente compensado en el 2009 con una consulta ilegal y puntual avalada por los poderes públicos, y que desemboca en la conocida reelección indefinida.
En el 2010, el CNE avala la modificación a los circuitos electorales realizada por la Asamblea Nacional, teniendo como consecuencia que una minoría en votos termine casi con las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional, con lo cual se violó el artículo 63 constitucional que establece, inequívocamente, lo siguiente:
Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.
Y en el año 2012, el CNE avala un sistema electrónico que, entre otras cosas, acaba con el principio fundamental de todo sistema democrático: «la libertad del voto». Aquí cabe el siguiente comentario: la Constitución, legislación y tratados válidamente suscritos por la República en materia electoral, ponen el acento en el secreto del voto, pero el uso de tecnologías de información añaden un elemento adicional: la percepción de si el voto es secreto o no, más allá de que tecnológicamente se hayan tomado o no, medidas preventivas. Entonces, la LIBERTAD del voto viene apareada a la percepción del elector común - que no tiene conocimientos técnicos - de que su voto “parezca o no” secreto, independientemente de que lo sea o no. El actual sistema impuesto por el órgano electoral no garantiza la libertad del voto. Esto lo analizamos en más profundidad en el punto 2.4.
A esto resta añadir que sólo si existe equilibrio y transparencia por parte del CNE, principios de rango constitucional, se podrá confiar en que el árbitro electoral tendrá la capacidad de hacer elecciones auténticas. En caso contrario, habrá sobradas razones para sospechar que los resultados declarados por el CNE no necesariamente reflejan la voluntad popular.
Un breve análisis de los comicios presidenciales realizados el pasado 7 de octubre, muestra que no se cumplieron al menos cinco de seis condiciones requeridas para que unas elecciones sean auténticas.
Podría afirmarse que el sufragio fue universal, porque todos los ciudadanos mayores de edad tuvieron la posibilidad de participar, pero ni siquiera esta aseveración es totalmente exacta, puesto que el Registro Electoral no ha sido sometido a una auditoría independiente desde hace años, y por tanto, es posible que hayan votado ciudadanos extranjeros o incluso inexistentes, o que algunos ciudadanos hayan votado más de una vez.
El proceso no fue justo, porque el candidato del gobierno contó - ilegalmente - con los recursos y medios del Estado para hacer campaña electoral, mientras que la oposición debió sufragar su propia campaña. No fue libre, porque los electores fueron coaccionados a votar por el candidato del gobierno. No fue equilibrado, porque el CNE mostró una clara parcialización a favor del oficialismo. Y no fue transparente, porque el elector no tuvo la posibilidad de comprobar, o incluso de entender, cómo funciona la compleja plataforma electrónica que caracteriza al sistema electoral venezolano. Y no fue auditable por el pueblo llano, porque a sus organizaciones de defensa de los derechos de los electores les resulta imposible comprobar la calidad del Registro Electoral, toda vez que las direcciones de los electores han sido eliminadas, lo que unido al punto anterior, implica que el sistema electoral se ha consolidado como una gran caja negra, imposible de revisar en profundidad en cualquiera de las etapas de un proceso electoral.
No es necesario demostrar que haya habido fraude electrónico o robo de votos para invalidar los comicios del 7 de octubre; basta con que se hayan incumplido los requisitos arriba mencionados para afirmar categóricamente que no hubo elecciones auténticas.
En las próximas páginas, analizaremos cuáles son las perversiones existentes en el sistema electoral venezolano, incluyendo los cambios que se han venido imponiendo en el árbitro, las irregularidades en el Registro Electoral, la modificación de la estructura de votación, y la incorporación de una plataforma electrónica sumamente dañina para la pulcritud y transparencia del sufragio. También analizaremos el ventajismo oficial que caracteriza a los comicios venezolanos y la parcialización del CNE, todo lo cual, tomado en su conjunto, invalida cualquier elección, y muy particularmente la del pasado 7 de octubre.
Finalmente, presentaremos nuestras propuestas para que, en el futuro, podamos contar, si no con “el mejor sistema electoral del mundo”, al menos con uno que sea justo, libre, equilibrado, transparente y auditable por el pueblo llano.


2. La subordinación del Poder Electoral a un proyecto autocrático.

2.1.- El Órgano Electoral: antes y después
En la etapa del Pacto de Punto Fijo, el sistema electoral venezolano no era perfecto. De hecho, privaba la consigna “acta mata voto”, porque donde no había testigos de todas las toldas, comúnmente los partidos más grandes se repartían los votos emitidos a favor de los pequeños. Sin embargo, ese tipo de fraude se cometía a pesar de las autoridades electorales y no con su aprobación. En cambio, en la actualidad, las irregularidades parten principalmente del árbitro electoral, que actúa abiertamente a favor del partido oficial.

La Constitución de 1961, en su Artículo 113 (ver *1), establecía claramente que los organismos electorales estarían “integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política” y que “los partidos políticos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral”. Con ello se garantizaba el equilibrio en el árbitro electoral, se le daba rango constitucional al derecho de vigilancia de los partidos, el camino más expedito para garantizar transparencia e igualdad de condiciones.
Inspirados en esta norma, el parlamento promulgó la legislación electoral contemplando la integración de directivas plurales en el extinto Consejo Supremo Electoral (CSE), conformadas por representantes de los cinco partidos más importantes (de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección parlamentaria) y un número de independientes que varió, a lo largo del tiempo, de cuatro a seis miembros. Los partidos minoritarios también tuvieron representación en la directiva con voz y sin voto. Esta composición plural se propagó a todas los niveles operativos, de manera que el derecho de vigilancia, quedaba perfectamente garantizado y satisfecho.
La novísima Constitución de 1999, impulsada por los que llevaron adelante el Golpe Militar del 4 de febrero de 1992, introdujo modificaciones en el sistema electoral que han lesionado severamente el derecho de vigilancia y, consecuentemente, la transparencia de sus actuaciones (ver *2).
En efecto: Se eliminó el financiamiento público a los partidos políticos, dando al gobierno ventajas económicas y logísticas insuperables ante las aspiraciones opositoras. Se eliminó la presencia de los partidos en la directiva del CNE, con lo cual se anuló el ejercicio del derecho de vigilancia, hoy restringido a auditorías limitadas con condiciones que impone el propio auditado, es decir, el CNE. Y se eliminó de facto y luego de iure la Fiscalía de Cedulación, única garantía de un Registro Electoral depurado y controlado por las partes.
La ausencia de los partidos en la directiva del CNE permeó hacia toda su organización. Al no haber presencia de los partidos democráticos en las direcciones claves del CNE se evidencia la falta de transparencia del organismo electoral. Así se liquidó el principio de “justicia” y el derecho de vigilancia que tantos problemas evitó entre 1958-1998. Nunca como ahora cada elección se ha convertido en un acto sospechoso y cuestionado.
Tal como se comenta en la introducción, para que una elección sea considerada auténtica, el árbitro comicial debe ser imparcial e independiente, pero ese no es el caso del actual Poder Electoral. Para ilustrar esta tesis, basta con recoger algunos episodios ocurridos durante la campaña electoral que culminó el 7 de octubre.
Fue público y notorio el uso de los recursos del Estado por parte del candidato Hugo Chávez para hacer campaña electoral. Organismos burocráticos, como los son los ministerios y la empresa Petróleos de Venezuela, trabajaron abiertamente por la campaña oficialista. El 3 de octubre de 2012, la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a los partidos de la oposición tradicional, entregó al CNE pruebas de órdenes giradas por funcionarios del gobierno a los empleados públicos para asistir obligatoriamente a los actos de campaña de Chávez. El CNE no puso coto a esas violaciones, pero en cambio prohibió al candidato opositor, Henrique Capriles, usar una gorra con los colores de la bandera de Venezuela, alegando que los partidos no pueden enarbolar los símbolos patrios para hacer campaña.
El 16 de enero de 2012, Venezuela oficializó el cierre de su consulado en Miami, luego que Estados Unidos expulsara a la cónsul Livia Acosta. La funcionaria había sido acusada de participar en un supuesto complot iraní para realizar ciberataques en contra de EE.UU. El Consulado de Miami atendía a unos 200.000 venezolanos residentes en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Además, era el principal centro de votación fuera del país, con unos 20.000 ciudadanos aptos para votar. El CNE decidió migrar a estos ciudadanos al Consulado de Nueva Orleans, para que ejercieran allí su derecho al voto, pese a los mil cuatrocientos kilómetros que separan a las dos ciudades, causando así graves impedimentos a los electores, en su mayoría opositores. En cambio, a finales de octubre, el CNE decidió migrar de manera ilegal y extemporánea a los candidatos del PSUV a seis gobernaciones, junto con sus familiares, para facilitarles el derecho al voto.
El 22 de junio de 2012, el Consejo Nacional Electoral acordó que los candidatos presidenciales dispusieran de tres minutos diarios de anuncios televisivos para la campaña electoral, lo cual se hizo cumplir estrictamente en el caso del candidato Capriles; pero el CNE no puso coto alguno a las numerosas cadenas de radio y televisión que hizo el candidato oficial, Tte Cnel Hugo Chávez. Durante la campaña, que se inició el 1 de julio y culminó el 4 de octubre, Chávez se encadenó 45 horas en total, un promedio de 28 minutos diarios, sin que el CNE hiciere objeción alguna.
El CNE tampoco se opuso a que el Sistema Nacional de Medios Públicos estuviese dedicado casi las 24 horas al día a promover la candidatura de Chávez, mientras que a la vez criticaba al candidato opositor y a las organizaciones políticas que lo apoyaron. El Sistema Nacional de Medios Públicos es un conglomerado de medios estatales que incluye radios, televisoras, rotativos y multimedios, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
El 11 de septiembre de 2012, cuatro organizaciones políticas que apoyaban a Capriles, optaron por retirarle el respaldo o por participar con sus propios candidatos. El CNE decidió no modificar la boleta electoral, que se imprimió con la foto de Capriles en las tarjetas de esas organizaciones, lo cual confundió a los electores el 7 de octubre, perjudicando así al candidato Capriles con alrededor de 250 mil votos, según estima la MUD. En cambio, el pasado 31 de octubre, el CNE decidió modificar la boleta electoral del estado Trujillo, para permitir la incorporación a última hora del candidato del PSUV a la gobernación de esa entidad, general Henry Rangel Silva.
Podríamos continuar relatando muchos otros ejemplos que demuestran como el árbitro electoral se constituyó en un factor que altera los equilibrios a favor del Poder Ejecutivo, elección tras elección.
El perfeccionamiento de la agenda de elecciones controladas, muestra su mejor ángulo en las elecciones del 7 de octubre.

2.2.- El Registro Electoral como Caja Negra
El Registro Electoral (RE) lo componen todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros mayores de 18 años, que hayan solicitado su inscripción en el RE. Sin embargo, para tener derecho a votar no basta con ser venezolano por nacimiento y mayor de edad, también es preciso haber manifestado la voluntad de hacerlo en un centro de votación de su residencia. Esa manifestación de voluntad es la única forma que tiene el CNE para conocer la parroquia de residencia, a los efectos de las elecciones parlamentarias, de gobernadores, alcaldes y concejales.
Asimismo, tampoco basta ser “portador” de una cédula de identidad para poder registrarse en el RE (cualquier persona puede portar la cédula de un tercero), sino que es requisito sine qua non ser titular de ella, es decir, que esté amparada con una certificación de la ciudadanía, es decir, por una partida de nacimiento, o la Gaceta Oficial donde conste la naturalización del titular.
Luego de años de experiencias y acuerdos políticos, y en aras de garantizar el equilibrio y el derecho de vigilancia en un área tan sensible, se acordó la creación de una Dirección dependiente del organismo electoral, cuyo personal era íntegramente postulado por los partidos de oposición, denominada Fiscalía General de Cedulación (FGC), cuya misión era verificar, caso a caso, el cumplimiento de los requisitos arriba mencionados.
Esta Fiscalía cumplió ejemplarmente su papel hasta que en el 2004, a propósito de la activación del Referendo Revocatorio Presidencial, se la eliminó con la instauración de la Misión Identidad. Con esa decisión ilegal y súbita, las organizaciones políticas opositoras perdieron todo control sobre el RE, y sobre el proceso de cedulación a cargo de la ONIDEX (hoy SAIME), al cual tenía total acceso la FGC.
La pérdida de ese control tuvo efectos inmediatos. A partir del año 2004, el Registro Electoral comenzó a experimentar un crecimiento anómalo, el cual se ha visto reflejado en resultados electorales “sospechosos” que han sido objeto de debates crónicos en el sector opositor.
A partir de ese momento comenzó a incrementarse la presencia cubana en nuestro proceso de identificación civil, lo cual fue revelado cuando se hizo del conocimiento público un contrato donde la empresa ALBET S.A. funge de “integradora”, en el proceso de cedulación (ver *3).
En el año 2005, en medio de una crisis política que llevó a la oposición a retirarse de las elecciones, el CNE admitió ser auditado de forma independiente por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL - ver *4) dependiente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica. Esa auditoría previó un módulo de “Cotejo de Actas de Nacimiento” de una muestra representativa del RE; precisamente lo que hacía anteriormente, una a una, la Fiscalía de Cedulación. El resultado de ese “cotejo” lo describe CAPEL así:
Cuando se obtuvo el nuevo listado en forma individualizada por cada caso, con los datos provenientes de ONIDEX, se constató que del total de la muestra, 5.571 casos contaban con la información solicitada completa; 6.696 no la tenían o no era claro el lugar de inscripción del nacimiento y quedaban pendientes de entrega por parte del CNE 533 casos rezagados por el proceso de búsqueda de la información”.
Es decir, el CNE-ONIDEX no estuvo en capacidad de justificar la venezolanidad del 56,48 % de los casos de la muestra solicitada. A partir de ese momento no se ha realizado una sola auditoría independiente y exhaustiva del RE.

2.3.- Cambios en la infraestructura electoral (Centros de Votación)
La infraestructura electoral comprende todos los locales, públicos y privados (liceos, colegios, oficinas de correo, etc.), donde van a sufragar los electores. Esa infraestructura es previamente determinada y evaluada, para velar que los inscritos en el RE tengan acceso adecuado al acto de votación.
Al predefinir en qué locales habrían de operar los Centros de Votación se persigue que, de antemano, los electores conozcan oportunamente dónde están ubicados, y que sean ellos quienes seleccionen dónde desean sufragar.
Una de las medidas que ha tomado el CNE desde 2004 es incrementar (hasta duplicar) los Centros de Votación - y centros itinerantes - con la excusa de “acercar el voto al pueblo”. La experiencia ha demostrado que, por lo general, ese objetivo es falso, y que hay otro objetivo subyacente: hacer mucho más compleja la logística del control opositor, a la par de resultar extremadamente oneroso, sobre todo al considerar que los partidos políticos ya no tienen financiamiento público.
Por su parte el gobierno se garantiza un absoluto control en todos los Centros de Votación gracias a la creación de cargos administrativos como el “Coordinador del Centro de Votación” y el “Operador de Máquina” (que no son más que funcionarios elegidos por el CNE, muchos de los cuales comprometidos con el PSUV); a la incorporación de la Milicia Bolivariana como parte del Plan República (todo miliciano es un civil ideologizado, comprometido con el “proceso revolucionario”, con entrenamiento militar, uniformado, armado y bajo órdenes superiores) y, como colofón, unos funcionarios electorales (miembros de mesa) seleccionados por un mecanismo diseñado y ejecutado por el organismo electoral.
Los miembros de mesa (MM) son los funcionarios electorales que actúan en el acto de votación. A estos los selecciona el CNE de forma presuntamente aleatoria del Registro Electoral. De los análisis independientes practicados se ha determinado un sesgo notable de MM a favor del PSUV, lo cual trae consigo un desequilibrio de la directiva de la mesa electoral, que debe estar conformada por un Presidente, un Secretario y dos miembros Principales. Aparte de ellos se eligen también miembros suplentes.
En el marco de la constitución de 1961, para ser MM era requisito ser docente (Presidente), estudiante (Secretario) o profesional o técnico (miembros principales o suplentes). Además, se previó que tres (3) miembros fuesen nombrados directamente por los partidos políticos más importantes en la parroquia. Con ello se equilibraba y respetaba el “derecho de vigilancia” de los partidos en todos los niveles político territoriales del país.
Al derogar esta sabia disposición legal se incurrió en el error (¿deliberado?) de elegir ciudadanos analfabetas reales o funcionales, que no suelen presentarse para el cumplimiento de sus funciones, y se vulneró el “derecho de vigilancia” de todas las partes.

2.4.- Una plataforma tecnológica al servicio del PSUV. La coacción, el secreto del voto y la movilización electoral


La plataforma tecnológica actual del CNE comprende: el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y las computadoras portátiles (“laptops”) para el “control de flujo de votantes”, presentado como el Servicio de Información al Elector (SIE).
El SAI no es más que la tradicional computadora de votación SmartMatic con un “capta huellas” conectada a la misma. Su presunta misión es: a) identificar al elector para “garantizar un elector un voto”, falacia con la cual se le ha justificado; y b) la activación de la máquina de votación una vez “identificado” el elector.
Es preciso recordar que la forma clásica de minimizar la posibilidad del voto múltiple fue el uso de tinta indeleble con nitrato de plata. Este mecanismo es muy sencillo de entender y verificar, por el ciudadano común. Pero para que resulte eficaz, los mecanismos de fabricación, envase, auditoría de despacho (origen) y en el centro de votación (destino) deben ser tales que se garantice el uso de la tinta idónea, so pena de sanción.
Tal como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, para que unas elecciones sean consideradas auténticas, el voto debe ser secreto y libre. Pero con el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) el voto no “parece” secreto, puesto que la capta huellas no sólo está visiblemente conectada a la máquina de votación, sino que además la activa.
De acuerdo a estudios de campo realizados en distintos momentos, entre 60 y 65 por ciento de los electores venezolanos considera que su voto no es secreto. Resaltamos que no sólo es imperativo que el voto sea secreto, sino que también lo parezca, y ése no fue el caso en las elecciones del pasado 7 de octubre.
La libertad del voto nace de la confianza que el elector tiene en que su voto es secreto. Si se somete al elector a mecanismos de votación que le impiden o dificultan entender, por sus propios medios y con base en sus propios conocimientos, que el voto es secreto, se introduce un elemento de desconfianza, de duda, que acaba con la libertad del voto. Para él, el secreto del voto pasa a ser, a lo sumo, un “acto de fe” en lo que afirmen dirigentes políticos o, aún peor, un técnico que él ni conoce ni sabe cómo se escogió.
Dado que un alto porcentaje de los sectores sociales D, E y F dependen económicamente del Estado, ya sea por estar inscritos en los planes sociales denominados misiones, por pertenecer a la burocracia, o por cualquier otro motivo; muchos de los electores que se sentían identificados con la oposición, se vieron coaccionados a votar por el PSUV, por temor a perder beneficios, subsidios o sueldos. En este sentido, los pasados comicios presidenciales no pueden considerarse “libres”.
Pero como si todo lo anterior fuera poco, en contravención a la normativa electoral, cinco semanas antes del día de la votación se aprobó la implementación de la llamada “Estación de Identificación del Elector”, es decir, el uso de una o más computadoras portátiles para un supuesto “control de flujo de votantes”. De esta forma, a la entrada del Centro de Votación, el elector debía entregar su cédula de identidad, se transcribía en la computadora portátil y seguidamente le entregaban un papel indicando la mesa, página y línea donde iba a sufragar. Las aparentemente inocentes “laptops” estaban en capacidad de informar al CNE en tiempo real, quienes habían votado y, por consiguiente, quienes no. Esto sirvió de instrumento clave para la movilización del PSUV a última hora.
Aquí cabe un comentario especial: es inaceptable que en un acto tan delicado como es el de votación, se instalen dispositivos informáticos que estén técnicamente capacitados para transmitir información electoral (vía inalámbrica) desde y hacia los centros electorales, mientras los ciudadanos están votando.
Así, mientras la oposición operaba a ciegas, “sin instrumentos”; los militantes del PSUV, informados por el CNE, estaban en condiciones de saber a ciencia cierta quienes todavía no habían acudido a su centro de votación, lo cual los capacitaba para movilizar a quienes estaban inscritos en misiones, o trabajaban en algún organismo público, para que fueran a votar, so pena de perder sus beneficios o sus empleos.
Para las elecciones presidenciales de octubre, este mecanismo de presión incorporó un elemento más: el uso de efectivos militares de la Guardia Nacional para movilizar a los electores del PSUV. Esto violó la norma constitucional que dispone que ni los funcionarios públicos (ver *5) y, muy especialmente, tampoco la Fuerza Armada (ver *6) pueden estar al servicio de persona o parcialidad política alguna.
En todo caso, puede afirmarse que la impresionante movilización de última hora del oficialismo fue una sofisticada operación militar. Dicho de otra forma: el Régimen contaba con un ejército, mientras la oposición contaba con unos voluntarios. Usando la metáfora de David contra Goliat, reiteradamente mencionada por el candidato opositor, a Goliat le dieron una ametralladora, mientras que a David le quitaron la honda.
Esto fue objeto de agrios debates entre grupos técnicos, dado que los que representaron formalmente al comando opositor dieron su “visto bueno” a ese sistema, mientras otros grupos y ONGs independientes insistieron en sus deficiencias y promovieron, sin éxito, la conformación de un equipo de trabajo que lograra la «Unidad en lo Técnico» (ver documentos "ESDATA-VOTOLIMPIO: Urgente e impostergable: La Unidad en lo Técnico (ver *7) ", y "LA RECTA FINAL: Propuesta presentada los jefes del Comando Opositor (ver *8).

2.5.- Escrutinio automatizado de dudosa verificación.
De acuerdo a la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE) el escrutinio debe ser público (Artículo 110) y automatizado (Artículo 111). Lo cual resulta incoherente, porque mal puede ser público algo que se realiza en los circuitos electrónicos de un computador. Para subsanar esta incoherencia, se prevé un mecanismo de verificación ciudadana de los comprobantes emitidos por las máquinas de votación.
De acuerdo a esta norma, una vez realizado el escrutinio en los circuitos electrónicos de la máquina de votación, y una vez impresa el acta de votación, se procede a la transmisión de los datos al centro de totalización para, de seguidas, proceder a la verificación ciudadana.
La verificación consiste en abrir un porcentaje de las cajas (aproximadamente la mitad) donde están depositadas las papeletas de votación, y comprobar que los resultados de las papeletas corresponden a los que se reflejan en el acta de escrutinio emitida por la máquina de votación correspondiente.
La realidad que quedó evidenciada en las elecciones de octubre (gracias a una mayor presencia de testigos) es que la verificación ciudadana apenas alcanzó la cifra del 5%. El argumento que se ha esgrimido es que no se le dio la relevancia a esa tarea por cuanto se confiaba en la plataforma electrónica lo cual, precisamente, había (y sigue siendo) la divergencia fundamental entre la opinión técnica de los representantes oficiales del Comando y los grupos técnicos altamente especializados que propusieron la “unidad en lo técnico”.
Por todo lo expuesto puede afirmarse que los comicios del 7 de octubre no fueron “transparentes”, como exigen la Constitución y las normas internacionales, porque resulta muy complicado para un elector inexperto entender cómo funciona el sistema de electrónico de votación, así como el escrutinio, la transmisión y la totalización. Para que una elección deje de ser auténtica, no es indispensable comprobar que las máquinas electrónicas cambien la voluntad del elector; basta con que el ciudadano no conozca en detalle el funcionamiento de las mismas; es decir, que constituyan un enigma para el elector.
Países altamente tecnificados, como Alemania, han restringido y hasta prescindido del voto electrónico. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Alemania dictaminó en contra del voto automatizado, argumentando que éste violaba la Constitución germana, la cual establece que todos los pasos de la elección deben estar sometidos a la verificación por parte del público. Según el dictamen de la Corte, los aparatos electrónicos de votación no garantizan la comprobación confiable por parte del ciudadano que carece de conocimientos técnicos especiales.

2.6.- El Terrorismo Electoral: Poderes del Estado amenazan con violencia y guerra civil.

Para que unos comicios puedan considerarse válidos, el elector debe estar libre de cualquier forma de coacción, pero en el caso de Venezuela, todos los ciudadanos fueron coaccionados, no solo por las máquinas capta huellas mencionadas anteriormente, sino por la amenaza de violencia y hasta de guerra civil, en caso de que el CNE no proclamase el triunfo de Hugo Chávez.
El 24 de agosto de 2012, Chávez advirtió públicamente que si la “burguesía” llegase a ganar los comicios del 7 de octubre, eliminaría las misiones de atención de la salud, la educación y alimentación.... “Esto llevaría a una guerra civil, porque ¿quién puede pensar que el pueblo se quedaría con los brazos cruzados si le quitan los derechos adquiridos? El pueblo no se quedaría de brazos cruzados. Comenzarían las persecuciones contra el pueblo, comenzaría la represión, como en el pasado”. Estas palabras, viniendo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, fueron interpretadas por todos los venezolanos como una grave amenaza y una clara coacción para votar a favor de su opción.
Ya durante las primarias de la oposición, que se realizaron en febrero de 2012, comenzaron a suscitarse hechos de violencia que empañaron el ambiente electoral. El 14 de febrero, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) interceptaron al vicepresidente de la Junta Regional de Primarias del estado Aragua, José Clavijos, y le arrebataron por la fuerza sobres con varias actas electorales de una mesa de votación. En medio de esta situación, el joven Arnaldo Espinoza murió tras ser arrollado por una grúa conducida por un funcionario policial que intentaba remolcar el vehículo de Clavijos.
El 2 de septiembre, tres simpatizantes de la oposición fueron agredidos con armas de fuego en el estado Zulia, luego del simulacro realizado con fines a ajustar el proceso comicial del 7 de octubre. Freddy Gómez, diputado del Consejo Legislativo de esa entidad, denunció al alcalde chavista Luis Ruda de ordenar a sus escoltas arremeter contra un grupo opositor. Diego Armando Cuello, de 22 años, recibió un balazo que le atravesó el fémur; Yajaira Castillo, de 19 años, fue impactada en el brazo derecho; y Orangel Urdaneta, de 30 años, fue herido en el abdómen.
El 29 de septiembre, durante un acto de cierre de campaña del candidato opositor Henrique Capriles en el estado Barinas, tres dirigentes de oposición fueron asesinados por militantes del PSUV. Las víctimas, Omar Fernández, Antonio Valero, y Héctor Rojas, quisieron mediar entre quienes participaban en una caravana opositora y una barrera del oficialismo, y fueron recibidos a bala. Uno de los asesinos resultó ser Nelson Quintero, Director Regional del Ministerio del Ambiente. El jefe del comando de campaña opositor en la entidad, Julio César Reyes, responsabilizó de los hechos al hermano de Hugo Chávez, el gobernador Adán Chávez.
En Venezuela, constituye un hecho notorio comunicacional la existencia de grupos armados al margen de la institucionalidad, denominados “colectivos”, varios de ellos con sede muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, que han manifestado públicamente no estar dispuestos a reconocer un triunfo electoral distinto al de Hugo Chávez. Estos grupos han declarado abiertamente que, para lograr sus fines, no dudarían en esgrimir sus armas y matar. No se trata de una amenaza vana, porque en el pasado ya lo han hecho en varias oportunidades.
En medio de este ambiente de violencia y de coacción, muchos venezolanos decidieron, en contra de su voluntad, votar para mantener el status quo, a fin de evitar derramamiento de sangre.
2.7.- Observación internacional sesgada.
Dado que las violaciones e irregularidades descritas en este documento no se encuentran ocultas sino que, por el contrario, saltan a la vista, el CNE necesitaba de una observación internacional complaciente, que avalase el proceso electoral de 2012. Para lograrlo, el árbitro comicial tomó tres medidas:
Primero, eliminó la figura de “observación internacional”, y la sustituyo por una mucho más débil e inoperante: la de “acompañamiento”. Segundo, impidió la participación de observadores internacionales serios y experimentados, como los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea. Y tercero, entregó el acompañamiento en manos de los aliados ideológicos del gobierno.
El CNE decidió eliminar la observación internacional luego de las elecciones presidenciales de 2006, cuando las misiones electorales de la OEA y la Unión Europea emitieron un informe conjunto en el que criticaron el ventajismo del gobierno en la campaña.  Según un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), fechado el 14 de agosto de 2012, “Venezuela ya no depende de observadores internacionales para avalar los procesos internos de elección, porque cuenta con uno de los sistemas electorales más avanzados y confiables del mundo”.
El 23 de agosto de 2012, el Consejo Nacional Electoral y la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) firmaron un acuerdo para que ese organismo multilateral –prácticamente el único– viniese al país en calidad de “acompañante”  internacional con motivo de los comicios  presidenciales del 7 de octubre.
Pese a que UNASUR no tenía experiencia alguna en supervisar elecciones, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, junto con el hoy vicepresidente Nicolás Maduro, calificó el convenio como una “victoria” de los organismos electorales del continente. “Hemos puesto de nuestra parte para crear una nueva forma de mirarnos, de cooperar y de fortalecer la democracia”, declaró.     
UNASUR está encabezada por el venezolano Alí Rodríguez Araque, quien desempeñó cargos importantes en el gobierno de Chávez, entre ellos, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Energía y Minas, Presidente de PDVSA, y Embajador de Venezuela en Cuba. Alí Rodríguez es además miembro fundador del Foro de Sao Paulo (FSP), organización internacional que apoya abiertamente al comandante Chávez. El jefe de la misión de acompañamiento de UNASUR que fue el argentino Carlos “Chacho” Álvarez, quien también es miembro fundador del FSP.
Hasta el Centro Carter, considerado por muchos opositores como complaciente con el gobierno de Chávez, se negó a enviar una misión de acompañamiento a Venezuela para las elecciones de 2012. El Centro Carter criticó que el propósito del “acompañamiento” es “invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente simbólica”; mientras que el propósito de la “observación” es el de “evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”.
El 24 de agosto de 2012, en una entrevista concedida a la agencia EFE, el candidato opositor, Henrique Capriles, acusó al Gobierno de hacer "todo" para que no (haya) hubiera observadores internacionales, y de sustituir esa figura por la de "acompañantes", para poder llevar a cabo sus "triquiñuelas". Capriles explicó que "este es un gobierno que siempre le gusta jugar sucio y, mientras menos ojos tenga viendo el proceso, probablemente bajo su perspectiva de las cosas, significa que a la hora de sus triquiñuelas no tenga nadie que las pueda observar".


2.8.-El fraude: un virus que muta.

Luego de observar con detenimiento el sistema electoral venezolano desde el referendo de 2004 hasta los comicios del pasado 7 de octubre, podemos concluir que su comportamiento se asemeja al de un virus que muta, crece y se perfecciona, para tergiversar la voluntad popular con cada vez mayor eficiencia. 
 
En noviembre de 2011, la prestigiosa revista “Statistical Science” publicó un número dedicado a presentar las inconsistencias y anomalías encontradas en los resultados del referendo revocatorio de 2004. La revista incluyó seis estudios, los cuales fueron objeto de una profunda revisión y verificación antes de ser autorizada su publicación (ver http://esdata.info/papers).

Entre otras muchas irregularidades, los estudios muestran las siguientes: primero, existe una palpable diferencia entre los resultados obtenidos en los centros de votación automatizados y los centros donde la votación se hizo manualmente; segundo, los resultados contradicen leyes estadísticas incontrovertibles; tercero, existen serias discrepancias entre las encuestas a boca de urna (exit polls) y los resultados oficiales; cuarto, la sospechosa transmisión de datos entre las máquinas de votación electrónicas y el CNE contravienen las normas electorales; y quinto, existen evidencias estadísticas de que los resultados reales de la votación fueron alterados a través de las máquinas. 
 
En resumen, en el referendo revocatorio de 2004 la tergiversación de la voluntad de los electores se dio básicamente a través de las máquinas electrónicas. Pero como las evidencias de las irregularidades fueron saliendo progresivamente a la luz pública, el “virus” mutó y se perfeccionó, encontrando otras maneras de lograr sus objetivos; entre ellas, incorporando máquinas capta huellas que pusieran en duda el secreto del voto, para así coaccionar al elector. Increíblemente, las capta huellas no cumplen la supuesta función de garantizar un elector, un voto; por el contrario, es factible el voto de una persona registrada en diferentes mesas, con la misma huella pero diferentes números de cédula de identidad, consolidando así el llamado voto de los multicedulados.

En los comicios de septiembre de 2010, destinados a elegir diputados a la Asamblea Nacional, el CNE recurrió a un nuevo esquema de manipulación, conocido en los Estados Unidos como “gerrymandering”. El término proviene del apellido de un gobernador del estado de Massachusetts, Elbridge Gerry, quien en 1812, preocupado porque su partido no lograba la victoria en los distritos del norte y el oeste del estado, decidió unificar todos esos distritos en uno solo, que de ese modo obtendrían menos escaños en la legislatura. Los periodistas que observaban el nuevo mapa electoral se percataron de que el distrito así creado tenía la forma de una salamandra (en inglés: salamander), a la que pusieron por nombre  Gerry-mander. 
 
Tal como se explica en un video-informe producido por Estada, disponible en el enlace http://esdata.info/Salamandra-1, el CNE imitó el esquema implementado por el gobernador Gerry, y modificó los circuitos electorales para tergiversar los resultados de las elecciones parlamentarias de 2010. De esta forma, aunque la oposición alcanzó la mayoría de los votos (51% del total nacional) solo obtuvo 61 curules (40% del total de la Asamblea Nacional); mientras que el oficialismo, con la minoría de los votos (46,4%), obtuvo 95 curules.
Esto constituye una evidente violación a la norma constitucional (Artículo 63) que reza así:
Artículo 63.  El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Cuando el 27 de septiembre de 2010, la periodista Andreína Flores, de Radio Francia Internacional, preguntó a Hugo Chávez "¿Cómo se explica que con una diferencia de unos 100 mil votos, la oposición haya logrado 37 escaños menos que el oficialismo?”, el Presidente contestó, molesto e incómodo: “Ustedes transmiten mentiras, sin rubor. Allí es donde yo digo, reflexionen, tengamos vergüenza, tengamos ética… tú no conoces la Constitución, porque la respuesta está allí… tú haces una pregunta extraña, de manera configurada… ¿De dónde alguien puede pensar que la cantidad de diputados, de unas elecciones que son circuitales?… 110 diputados no tiene nada que ver con la votación nacional”. 
 
En las elecciones presidenciales de 2012, el “virus” mutó de nuevo, conectó las maquinas capta huellas directamente a las máquinas de votación, e incorporó las computadoras portátiles a la entrada de los centros de votación. Con este doble dispositivo se lograron dos objetivos esenciales: la eficacia de la coacción al elector y la eficacia de la movilización de votos oficialistas. Dos insuperables e inequitativas ventajas que el CNE brindó al oficialismo.

3.- 2012: año del llamado a exigir Elecciones Auténticas

3.1.- La Oposición Tradicional ante el Golpe de Estado Electoral. 
 
¿Por qué la oposición reconoce los resultados y no reconoce la desconfianza de los ciudadanos en el Poder Electoral?
Cuando el CNE tergiversa la voluntad de los electores, no lo hace a escondidas, sino que por el contrario actúa de manera abierta y descarada; por eso constituye un verdadero misterio que los partidos de la oposición tradicional insistan en validar una y otra vez los resultados de las elecciones realizadas desde el año 2004 hasta la fecha.
Pero resulta particularmente desconcertante la actitud de algunos líderes opositores durante el proceso comicial del pasado 7 de octubre, porque no solamente avalaron todas las irregularidades y aceptaron incondicionalmente los escrutinios oficiales, sino que condenaron a todo aquel que se atreviera a cuestionar al sistema electoral venezolano, todo ello además, con el descaro de haber sido estos mismos dirigentes los que llamaron a votar en las Primarias (febrero) bajo la consigna de que no habrán captahuellas y se quemarán los cuadernos electorales.
El 12 de julio de 2012, durante una presentación realizada ante el Congreso de los Estados Unidos, la presidenta de la comisión electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Teresa Albanes, respaldó la transparencia del CNE y rechazó las críticas de quienes dudaban de la seguridad de nuestro sistema de votación. “Este tipo de comentarios de hecho alimentan las sospechas de que hay algo irregular en el sistema electoral… muchas veces las críticas, que señalan entre otras cosas que podría violarse el secreto al voto, vienen de sectores radicales”, dijo. 
 
El 27 de agosto de 2012, el prestigioso escritor Carlos Alberto Montaner publicó un artículo titulado “Chávez y la trampa que se avecina”, en el que fundamentó su tesis sobre el fraude electoral que estaba en marcha en Venezuela. Increíblemente, no fueron los funcionarios del gobierno chavista quienes lo refutaron, sino Vicente Díaz, único Rector considerado independiente dentro del Directorio del CNE, quien le respondió en una carta abierta en estos términos: “En Venezuela es imposible un fraude electrónico. No hay forma. Las máquinas no pueden alterar los votos porque luego se verifican contra los comprobantes en papel y contra la cantidad de electores firmantes del cuaderno de votación”.

Luego de realizadas las elecciones del 7 de octubre, y como consecuencia de la avalancha de artículos y declaraciones en contra del CNE, algunos dirigentes de la MUD se vieron obligados a reconocer públicamente que el ente comicial avalaba el ventajismo oficial e incurría en “triquiñuelas”, pero siempre insistiendo en que no había habido fraude. El 9 de octubre, el propio candidato Capriles declaró: “Aquí no hubo fraude… si aquí hubiese habido algo que pusiese en duda (el proceso), yo sería el primero en decirlo”; y agregó: “generan mucha suspicacia esos foquitos (que protestan los resultados)… Me preocupa que sea algo montado para hacernos decaer e ir hacia la antipolítica”.

Surge la pregunta obvia, planteada por muchos analistas venezolanos y extranjeros, así como por mucha gente de la sociedad democrática: ¿Por qué los líderes opositores son los principales defensores del sistema electoral venezolano, habiendo tantas evidencias de violaciones e irregularidades? Al respecto han circulado numerosas hipótesis y especulaciones, siendo básicamente la del miedo a decir la verdad la que tiene más frecuencia en las respuestas. 
 
Esos temores tienen al menos tres niveles. El primero y más sencillo está relacionado a la tesis según la cual “hablar mal del CNE provoca abstención”. Los líderes opositores consideran que la abstención causa más daño a sus pretensiones que ceder a las manipulaciones del ente comicial. 
 
El segundo es el miedo a un baño de sangre. Chávez ha amenazado reiteradamente a los venezolanos diciendo que “esta revolución es pacífica, pero está armada”. El ex ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, hoy candidato a gobernador por el PSUV, declaró públicamente que las Fuerzas Armadas no aceptarían un resultado electoral adverso a Chávez. Y además existen los grupos irregulares armados que impunemente amenazan con masacrar a la población si Chávez pierde el poder. Muchos dirigentes opositores prefieren participar en elecciones fraudulentas y aceptar los resultados, antes que desenmascarar al CNE y con ello provocar la ira del régimen.

Finalmente está el temor a un “golpe militar de derecha”. Buena parte de los dirigentes opositores, sobre todo aquellos de pensamiento socialista, consideran que decir la verdad sobre el esquema electoral venezolano desestabilizaría nuestro sistema electoral, y abriría las puertas a una intervención militar de derecha, al estilo Pinochet.

Por nuestra parte, estamos convencidos que revelar la verdad del sistema electoral ni genera abstención, ni provoca baños de sangre, ni abre las puertas a un golpe. Por el contrario, seguir escondiendo la realidad a los venezolanos y continuar tergiversando la voluntad de los electores, en medio de la creciente crisis que afecta al país, es la forma más expedita para avivar las tensiones y para provocar la violencia y la anarquía. 
 
Consideramos que si el gobierno venezolano ha puesto el sistema electoral a su favor y existen claros indicios de colaboración abierta o encubierta por parte de buena parte de la oposición para legitimarlo, a la sociedad civil consciente no le queda otra alternativa que ponerse de acuerdo para exigir públicamente que se establezca un sistema electoral honesto, justo, libre, transparente.
3.2.- Declaración de Caracas.
En este sentido, un grupo de venezolanos, ONG’s y organizaciones de trabajadores, con y sin afiliación partidista, conscientes de la imposibilidad de celebrar elecciones auténticas con el actual sistema electoral venezolano, se reunieron en la ciudad de Caracas el 25 de Agosto de 2012 para alertar a Venezuela y al mundo acerca del ventajismo que se avecinaba para las Elecciones Presidenciales del 7 de Octubre, promoviendo acciones que apuntaran a dar transparencia al proceso electoral. Se firmó entonces la Declaración de Caracas, formando lo que se dio en llamar la COALICIÓN POR LA INDEPENDENCIA Y EL PROGRESO, cuyo reto es de agregar valor a la lucha por Democratizar el Poder Electoral, y poder así, convocar elecciones venezolanas auténticas, camino único para llegar acuerdos sanos que faciliten la gobernabilidad de nuestra nación.
De esta manera se le da a conocer al mundo la situación electoral venezolana desde la perspectiva de la población, ejercer acciones legales contra el CNE, ante organismos nacionales e internacionales, por haber incorporado mecanismos y sistemas reñidos con la consecución de elecciones auténticas y sumar la mayor cantidad de voluntades para el desafío de democratizar el Poder Electoral y garantizarle así a los ciudadanos ELECCIONES VENEZOLANAS AUTÉNTICAS, único camino pacífico para superar los desequilibrios nacidos en esta oscura etapa de nuestra historia, tal y como reza en los numerales 5 y 7 de la declaración (http://declaraciondecaracas.blogspot.com/2012/08/declaracion-de-caracas-25-08-12.html).

3.3.- Impugnación de las elecciones del 7 de octubre.

El 29 de octubre de 2012, un equipo de abogados acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a fin de introducir un recurso de nulidad a las elecciones presidenciales realizadas el 7 de octubre. Según explicaron los juristas, en el recurso se argumenta que en el evento comicial se registró “un fraude masivo y generalizado”, razón por la cual la victoria de Hugo Chávez carece en absoluto de legitimidad. Adicionalmente, los accionantes solicitaron al TSJ la conservación del material electoral correspondiente al proceso, la depuración del Registro Electoral y la realización de nuevas elecciones.

Entre otras violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la impugnación señala: 
 
Primero, que Chávez no podía ser candidato por ser un militar activo;
Segundo, la ilegalidad de un sistema de autenticación (capta huellas) combinado con un cuaderno electrónico de votación, conectado a la máquina de votación, lo cual puede afectar el secreto del voto;
Tercero, la existencia de elevado número de electores cuya inscripción en el Registro Electoral debía ser excluida, revertida o suspendida, según correspondiese;
Cuarto, la negativa de parte del Consejo Nacional Electoral a realizar auditorías independientes que soporten la condición de electores de los inscritos en el Registro Electoral;
Quinto, amenazas proferidas y violencia ejercida contra el principal candidato opositor y contra el electorado, durante la campaña electoral;
Sexto, existencia de grupos civiles armados, al margen de la ley y de la institucionalidad, que se proclamaban defensores electorales del candidato Chávez;
Séptimo, Implementación de la llamada “Estación de Identificación del Elector” (explicada en el capítulo 5 de este documento);
Octavo, intimidación al elector y violación del derecho al voto libre y secreto;
Noveno, obstaculización por parte del gobierno de la votación de los venezolanos en el exterior (caso de la eliminación del Consulado de Miami);
Décimo, ausencia de la gran mayoría de las actas de verificación ciudadana, y prueba de cotejo de acta de escrutinio con el cuaderno de votación; y,
Undécimo, empleo de medios del Estado en campaña política a favor del candidato oficialista.

Esa misma semana, un grupo de militares retirados solicitó al TSJ la nulidad de las elecciones del 7 de octubre. Los oficiales introdujeron el recurso debido a “la duda suscitada en la generalidad de los ciudadanos votantes correspondientes al sector democrático opositor acerca de la veracidad y justeza numérica del fallo del árbitro electoral”. En el recurso se afirma que con la implementación del sistema automatizado para la votación y del método computarizado de escrutinio se viola el artículo 294 de la Constitución, y se impide la verificación ciudadana.

Los uniformados pidieron a la Sala Electoral del máximo tribunal de la República que “ordene al ente rector proceder a una verificación directa y material de la voluntad de los votantes, contenida de manera total e inequívoca en la papeleta depositada en las urnas electorales”.


4.- 2013: Hacia un nuevo Sistema Electoral que contribuya a recuperar la gobernabilidad democrática.
Cualquier intento que implique la recuperación de la Democracia y el Estado de Derecho pasará por elegir nuevas autoridades, comenzando por el Presidente de la República. Se da el caso que la extensión del periodo constitucional 2007-2013, al margen de la Constitución de 1999, ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo proceso electoral en el marco de la restitución urgente de la institucionalidad violentada en el país. Sin embargo, sin Elecciones Auténticas en Venezuela, los factores democráticos no deberían concurrir a un nuevo proceso electoral, so pena de legitimar el régimen.

En este sentido, en el primer bimestre del año 2013 se debería promover, a lo interno de la sociedad democrática, una gran consulta sobre el sistema electoral. 
 
La oposición organizada debería ponerle fecha. Se organizaría con las asociaciones de defensa de los derechos de los electores, y sin el concurso del CNE.

Podrían realizarse preguntas como:

Primero, ¿Está de acuerdo con que la directiva del CNE estuviera conformada por dos rectores propuestos por los partidos del gobierno, dos por las organizaciones de la oposición, y uno de común acuerdo (Presidente)?.
Segundo, ¿debe ser el pueblo el que cuente los votos de las urnas electorales?
Tercero, ¿está de acuerdo en realizar una Auditoría del Registro Electoral, realizada por profesionales independientes de trayectoria reconocida?
Cuarto, ¿Deberían eliminarse las captahuellas?
Quinto, ¿Se debería restituir la presencia de los partidos en el CNE y su financiamiento público, justo y oportuno?
Sexto, ¿Se debería eliminar la reelección indefinida?
Séptimo, ¿Se debe eliminar la presencia de las milicias en los procesos electorales?
Una vez realizada esta consulta, se sentarían las bases de una discusión de la sociedad democrática acerca de lo que debe ser el futuro sistema electoral venezolano, y las ventajas de tener un sistema transparente, que permita realizar, en una transición, las grandes consultas que nos esperan.
La discusión se diseñaría en base a los estándares y normativas internacionales que se han suscrito en la materia y que podrían proporcionarle al pueblo venezolano un sistema electoral eficiente, confiable y transparente; y, de esta forma, devolver la credibilidad al ente comicial y al valor del voto.
En ese proceso de análisis se tocarían materias como:
  • Presencia a tiempo completo de representantes de la oposición en todas las áreas operativas del CNE.
  • Contenidos de las necesarias y urgentes reformas a las Leyes Orgánicas del Poder Electoral y de Procesos Electorales (LOPE y LOPRE) para adecuarlas a los principios universales de elecciones auténticas.
  • La restitución inmediata de la Fiscalía de Cedulación.
  • El concurso para la elección de los auditores independientes del Registro Electoral
  • La posibilidad, de ser necesario, de rehacer el Registro Electoral en su totalidad.
  • Establecer un mecanismo de selección equilibrada de funcionarios electorales (Juntas Electorales y Mesas de Votación) y administrativos, reevaluando sus funciones de acuerdo a un nuevo sistema de contabilizar los votos
  • Eliminación del Sistema Electrónico de Votación para el ejercicio del sufragio en los Centros Electorales y cualquier maquinaría electrónica accesoria, volviendo al voto manual a través de papeletas electorales, con urna transparente y escrutinio público de la totalidad de los votos, con verificación ciudadana y testigos de los partidos participantes.
  • Implementar los procedimientos técnicos necesarios para el envío de las Actas de Escrutinio al ente electoral, luego del cierre de cada Mesa, con el fin de garantizar la contabilización eficaz de los resultados electorales y su escrutinio público para el mismo día de la elección, tal como sucede en México, Colombia y otros países latinoamericanos.
La metodología para el proceso de discusión, y posterior promoción de la gran consulta popular nacional, pasaría por desarrollar una red parroquial de promotores de elecciones auténticas.
Este proceso permitiría organizar a la sociedad democrática para cualquier posible consulta que intente el Poder Ejecutivo, en aras al intento de modificar la Constitución, ya sea para eliminar las restricciones que establece sobre falta absoluta del Presidente, o para imponer la agenda de centralización del país.
Así mismo, se explicaría al pueblo la importancia de las consultas nacionales y regionales sobre el “qué hacer” en temas tan delicados como, por ejemplo, la gasolina, la inseguridad, el tráfico, y el desempleo.


5. Conclusión

Superar la crisis de gobernabilidad democrática nacida del 10E pasa necesariamente por implementar un nuevo Sistema Electoral justo, libre, transparente, equilibrado, y en el que el Pueblo cuente los votos, constituye la piedra angular para recuperar la gobernabilidad democrática, re-establecer los equilibrios en los distintos poderes públicos, y realizar las consultas en temas sensibles, condición “sine qua non” para garantizar un futuro período histórico de paz, orden y prosperidad.
Las elecciones auténticas sirven para disminuir las tensiones existentes en un país, tramitar las decisiones difíciles, y para abrir nuevos caminos hacia el progreso de todos los venezolanos. Pero en el caso de los comicios presidenciales del 7 de octubre ocurrió lo contrario: las frustraciones y las tensiones se mantuvieron intactas, e incluso aumentan con el paso del tiempo.
Esto se debe, por una parte, a que la mayoría de los venezolanos no confía en la transparencia del CNE, ni está conforme con su desempeño; por tanto, existen serias dudas respecto a quién, en realidad, ganó las elecciones. Por otra parte, los ciudadanos se ven afectados por los graves y crecientes problemas que existen en nuestra nación, y creen que los resultados electorales no garantizan su solución.
Del lado del gobierno, se observa una determinación obsesiva de imponer en Venezuela un modelo comunista similar al cubano, dejando a un lado la resolución de los problemas reales. Chávez se niega a entender que dicho modelo es inaplicable en nuestro país, y que su insistencia en impulsarlo solo logra incrementar la polarización y los conflictos.
De lado opositor, hay un interés casi exclusivo en participar en los procesos electorales y en alcanzar los pocos cargos públicos que el sistema les permite ocupar, con lo que se abandonan otros espacios de lucha igualmente importantes, y se descuidan los aspectos ideológicos y filosóficos que toda acción política requiere.
Enfrascados en sus propias aspiraciones, ni los unos, ni los otros parecieran darse cuenta de la terrible crisis que se avecina, y mucho menos se preparan para afrontarla con éxito. Esperemos que abran los ojos antes de que sea tarde; pero, aunque ello ocurra, el concurso de los partidos de gobierno y de oposición no será suficiente para llevar nuestra nave a buen puerto en medio de la cercana tormenta; hace falta la participación de todas las fuerzas vivas del país, entre ellas, las universidades, academias, gremios, sindicatos, ONGs, líderes religiosos, dirigentes regionales, estudiantes, intelectuales, comunicadores, militares retirados y demás sectores.
Quienes suscribimos este documento, confiamos plenamente en las capacidades del pueblo venezolano, y creemos sinceramente que existen soluciones razonables, pacíficas y constitucionales a los problemas que nos afectan; pero se requiere de un enorme esfuerzo conjunto y de una gran creatividad. Sin embargo, no podremos emprender juntos el camino, sin antes tomar dos medidas importantes: liberar a los presos políticos y reformar el sistema electoral, para que sea verdaderamente representativo de la voluntad popular.
Para finalizar, queremos hacer llegar a todos nuestros compatriotas un mensaje de aliento y de esperanza. Tengan confianza en Dios; tengan confianza en los valores y principios que, pese a todo, todavía permanecen inalterados en nuestras instituciones nacionales; y tengan confianza en sí mismos. Con el favor de Dios y con nuestro propio esfuerzo, saldremos adelante y haremos de Venezuela una gran nación.


Suscriben por el Proyecto EVA,

Guillermo Salas
Lic. Física, Miembro de Esdata

Gustavo Delfino
Ingeniero, Miembro de Esdata

Alfredo Weil
Ingeniero, Miembro de Esdata

Ludwing Moreno
Miembro A.C. Voto Limpio

José I. Gainzarain
Lic. Matemáticas

Marisol Sarría
Abogado

Luisa Elena Vidaurre
Miembro de la AC Por la Conciencia

Luis Manuel Aguana
Lic. en Computación, Miembro del Por la Conciencia, y
          Coordinador General AC Familia Metro

Theresly Malavé
Abogada, Miembro AC Justicia y Proceso - Venezuela



Enlaces:
Constitución de 1961
Artículo 113. La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías.
Los organismos electorales estarán integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política, y sus componentes gozarán de los privilegios que la ley establezca para asegurar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Los partidos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral., establecía claramente que los organismos electorales estarían “integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido 
 
2 “LAS ELECCIONES Y EL PODER EN TIEMPOS DE LA V REPÚBLICA”
(http://declaraciondecaracas.blogspot.com/2012/08/documento-base-de-la-declaracion-de.html)

3 Ver sub contrato de la empresa cubana ALBET, C.A. (www.albet.cu) con la empresa GEMALTO México, aquí http://es.scribd.com/doc/60259848/Contrato-en-la-empresa-cubana-Albet-y-la-filial-mexicana-de-Gemalto-para-proveer-la-cedula-electronica-a-Venezuela

4 CAPEL: Centro de Asesoría y Promoción Electoral dependiente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) http://www.iidh.ed.cr/capel/

5 Artículo 145.  Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna.  (…)

6 Artículo 328.  La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

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