Documento Base de la Declaración de Caracas

“LAS ELECCIONES Y EL PODER
EN TIEMPOS DE LA V REPÚBLICA”
Caracas, 25 de agosto del año dos mil doce.

A los venezolanos y demócratas del mundo, que luchan por una sociedad democrática, transparente, solidaria y justa:

En el siglo XXI  intentan afianzarse fuerzas políticas de vocación claramente totalitaria, que buscan instalar hegemonías de dominación, basadas en fachadas democrático-electorales, mediante la instauración de sistemas de votación como el implementado en Venezuela en el período político fruto del Juramento Militar del Samán de Güere (1999), bautizado como la “Revolución Bolivariana”, y entre cuyos objetivos se encuentra el secuestro progresivo de la independencia de los poderes públicos bajo el manto de la periódica consulta popular controlada. Esta coyuntura histórica releva al Pacto de Punto Fijo (1958-1998), acuerdo de partidos que dio inicio al más largo período civilista, democrático alternativo, y al desarrollo de un sistema electoral que fue modelo para los países de la región..

Este grupo, integrado mayoritariamente por militares, enarbolando inicialmente la bandera de la democracia participativa y protagónica, procedieron a desarrollar el andamiaje legal del, por ellos denominado, Socialismo del Siglo 21.

La “Revolución Bolivariana” se inició con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, proceso que terminó promulgando una Constitución de contenido democrático para utilizarla como fachada.

El  Régimen de Transición del Poder Público dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, extendió en el tiempo y amplió los propios poderes más allá de los límites que le había fijado el pueblo en las bases comiciales aprobadas al efecto, y a partir de esas acciones, estableció la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, estipuló que la organización de los primeros procesos comiciales estaría a cargo del Consejo de acuerdo a la fecha y al Estatuto Electoral que ella misma aprobara – Estatuto  Electoral del Poder Público - y que ella misma designaría, provisionalmente, a los integrantes de tal Consejo Nacional Electoral.

Con ello aseguró un control absoluto sobre el directorio del órgano  electoral y sobre las fechas de celebración y normas que regirían los procesos electorales necesarios para dar legitimidad de origen a las  primeras autoridades que serían “electas”. Se atribuyó competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para resolver los conflictos de mayor importancia que pudieran suscitarse en tales procesos.

Una vez instalado el andamiaje “legal”, se procedió a estructurar un sistema electrónico de votación, solo controlable por el órgano electoral, ya bajo dominio del Poder Ejecutivo. Este paso audaz ha servido para “legitimar” al gobierno, en los términos de los pactos internacionales, a través de celebración periódica de eventos electorales con apariencia de elecciones auténticas. A este tipo de regímenes emergentes en el siglo 21, los hemos denominado las nuevas "autocracias electoreras”.

La Constitución aprobada el 15-12-1999, en su artículo 67, eliminó el financiamiento público de los partidos y organizaciones con fines políticos, generándose así, una dificultad progresiva para el trabajo político de los sectores no identificados con el Gobierno Central.

En 2002, se promulgó la Ley Orgánica del Poder Electoral, que modificó la normativa constitucional relativa al Comité de Postulaciones Electorales. No habiendo quién declarare esta modificación como inconstitucional, la misma facilitó al gobierno el control sobre la designación de los miembros del Directorio del Consejo Nacional Electoral.    

En agosto del año 2004, se celebró el referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez. Ese evento electoral marcó, el “antes y después” en materia del uso de dispositivos electrónicos intimidatorios. Dicho evento fue antecedido por el montaje de un sistema de misiones sociales diseñado desde la experiencia de la dictadura cubana, y fortalecido desde el poderoso aparato de propaganda política.  Se afirmó una y otra vez, que el objetivo de las tecnologías electorales era garantizar los principios de “una persona un voto”, “el acercamiento del Poder Electoral a la gente”, así como el de consolidar el “sistema electoral más transparente y rápido del mundo”. 

La auditoría del referéndum se diseñó para ser realizada en solo ciento noventa y nueve (199) mesas de votación electrónica, de un total de diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro (19.664 – menos del 1%), con el agravante de que la auditoría final se practicó solamente en veintisiete (27) mesas. Citamos del Informe del Centro Carter: “...los observadores del Centro Carter pudieron presenciar seis procesos de auditoría. En sólo uno de los seis se contaron realmente los comprobantes de voto………. En el resto de los sitios observados, los auditores designados por el CNE no permitieron abrir la caja con los comprobantes, y explicaron que sus instrucciones no incluían contar los votos Sí y No de múltiples máquinas”.  Esta prohibición de revisión de las cajas desvirtuó por completo la razón de ser de la supuesta muestra estadística de rigor, y reveló que el Poder Electoral, todavía, no estaba dispuesto a que se contrastaran los resultados de las máquinas electrónicas con las mesas manuales dispuestas en el mismo entorno geográfico de los centros.

Entre finales del año 2004 y durante el año 2005 se realizaron seis (6) estudios de especialistas en estadística, computación y transmisión de datos, que demostraron que los resultados oficiales entregados por el CNE, fueron manipulados y, por lo tanto, no se corresponden con la verdadera voluntad popular que fuera manifestada en tales comicios. Estos estudios fueron publicados por las revistas “Statistical Science” e “International Statistical Review”, cuyos sistemas de evaluación establecen severos filtros de validación para su posterior publicación. Entre las conclusiones y hallazgos a destacar tenemos: a) que los resultados oficiales que reportaron las máquinas de votación son anómalos; b) que la probabilidad de que esas anomalías hubiesen estado presentes en los resultados verdaderos era virtualmente cero; c) que las anomalías encontradas perjudicaban sólo a una de las partes; d) el modelo matemático que norma el comportamiento de los resultados oficiales relacionados con las anomalías detectadas.  

En el año 2005, de cara a las elecciones presidenciales del año 2006, se realizó la última auditoría independiente  del Registro Electoral Permanente (REP), gestionada ésta,  por CAPEL,  Centro de Asesoría y Promoción Electoral adscrita al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Esta auditoría no pudo constatar la existencia ni la condición de venezolano por nacimiento de casi el sesenta por ciento (60%) de la muestra seleccionada, y ello, porque el CNE no entregó copias de las actas de nacimiento ni de las gacetas de naturalización que le fueron requeridas. Desde entonces no se ha vuelto a realizar auditoría profesional e independiente al Registro Electoral.

En cuanto al  referéndum constitucional de diciembre 2007, el CNE no ha entregado los resultados de cuatro mil quinientas cuarenta y dos (4.542) actas contentivas de más de un millón ochocientos diez mil ciento ochenta y seis (1.810.186) votos.

En 2009, se promulgó la Ley Orgánica de Procesos Electorales que, entre otras,  consagró las violaciones de los principios constitucionales de representación proporcional y personalización del voto, estableciendo, entre otros, el escrutinio por mayoría relativa, la creación y reorganización de circuitos electorales, la creación a discreción de normativa regulatoria y, definitivamente, el proceso automatizado de votación.

El CNE constantemente aprueba, modifica y adapta las normativas para cada elección, incluyendo cambios permanentes en el componente de infraestructura tecnológica. Estas acciones contravienen el marco de un sistema electoral sano, y entre las medidas adoptadas más perjudiciales para la transparencia y el equilibrio sano del Poder Electoral tenemos: a.- la eliminación de las direcciones de los electores; b.- la eliminación de la Fiscalía de Cedulación; c.- la creación de nuevos centros electorales en lugares donde a los partidos opositores (que no forman parte del gobierno) les resulta excesivamente difícil y costosa su presencia; d.- la incorporación de militares activos como miembros de Mesa; e.- la presencia de milicias armadas en las áreas internas de los centros electorales, siendo que este componente militar no existe en la Constitución Nacional;. f.- la participación del elector en el proceso de auditoría post-elección es una mera formalidad, ya que dejó de ser vinculante en tanto que, lo que cuenta no es el voto reflejado en la papeleta física sino el voto electrónico reflejado en las actas de escrutinio, las cuales se transmiten a la sala de totalización antes de la verificación ciudadana.

Este proceso de control de instituciones ha estado acompañado de una política agresiva de intimidación a los medios de comunicación social, teniendo como hechos más visibles el cierre de Radio Caracas Televisión (2007), y de treinta y cuatro (34) emisoras de radio (2009). 

En el año 2010 se modificaron los circuitos electorales (“gerrymandering”), y de esa manera, la oposición democrática que obtuvo el cincuenta y dos por ciento (52%) de los votos, apenas tuvo una representación del treinta y siete por ciento (37%) de los diputados, ningún miembro de la directiva de la Asamblea Nacional, y apenas cuatro (4) de las quince (15) presidencias de las comisiones parlamentarias.

En cuanto al RE, tenemos que en el período 2004-2012 creció de manera sospechosa, al punto, de que hoy tenemos prácticamente a todo venezolano mayor de edad inscrito en dicho Registro. Y esto no se corresponde con el hecho de que el voto es un derecho que dejó de ser obligatorio a partir de la promulgación de la Constitución de 1999, (al cual opta la persona que desee ejercerlo, a partir de que haya cumplido los dieciocho dieciocho -18- años). El RE, según estimaciones de expertos independientes, basadas en la conducta de períodos previos, debería estar por debajo de los diecisiete millones (17.000.000) de electores, y no en los dieciocho millones novecientos mil (18.900.000) que el CNE publica, y que según el Censo Nacional, representa casi el noventa y nueve por ciento (99%) de las personas mayores de edad. Y las encuestas corroboran, que el porcentaje de personas que responden que van a votar no se corresponde con los que votan de verdad, siendo la diferencia superior a los diez puntos porcentuales.

En el año 2012, además de tener un RE “razonablemente dudoso”, el CNE pretende implantar una nueva versión de la plataforma tecnológica, basada en la unión indivisible del sistema de identificación del elector y la máquina de votación, hecho que crea comprensibles dudas sobre el secreto del voto, resultando en un instrumento inaceptable de intimidación al elector.

El Gobierno Venezolano ha perfeccionado una acción política en la que relaciona directamente a las elecciones con las expectativas de una parte importante de la población de recibir beneficios sociales de variada naturaleza y magnitud. Cabe destacar, que estudios de investigación recientes han determinado que cerca de un cincuenta por ciento (50%) de las familias venezolanas dependen del Estado, sea por su subordinación laboral, o por estar registrados en (ser beneficiarios de) “misiones sociales”, donde se les prometen beneficios futuros, entre la que destaca la “Gran Misión Vivienda”.

Una vez probada la efectividad de este modelo de hegemonía electoral elección tras elección, la “Revolución Bolivariana” se ha propuesto colonizar otras naciones a través de partidos afines, que incluyen la propuesta de “democracias participativas electoreras” como parte central de sus programas político electorales.

En resumen, el actual sistema electoral venezolano está caracterizado esencialmente por facilitarle al oficialismo la consolidación de una nueva Hegemonía de Dominación, entre otras cosas porque:

1.       El “secreto del voto” se ha convertido en un acto de fe;

2.       El Estado eliminó las fuentes públicas de financiamiento para las campañas de los partidos políticos no afines al Gobierno Central; no así la de sus partidos alineados que participan en el poderoso aparato de la Propaganda Política del Régimen;

3.       La metodología utilizada para controlar los procesos electorales se lleva a cabo con modificaciones de orden legal que dan visos de constitucionalidad a las arbitrariedades del poder electoral;

4.       La grotesca desproporción comunicacional, representada directamente en el acceso y tiempo en los medios de comunicación masivos (hegemonía comunicacional, la llaman desde el Estado) y el uso oficial indiscriminado de los recursos públicos (de todo tipo, incluyendo los medios de comunicación públicos), hace impensable una divulgación paritaria, o al menos equilibrada de las proposiciones políticas;

5.       La creación continua de nuevos centros electorales en lugares donde la oposición democrática no ha tenido presencia de testigos de mesa, ya sea por su lejanía de centros poblados, o por la presencia de grupos violentos afines al Gobierno Central;

6.       El Poder Electoral ha incorporado dispositivos innecesarios, tales como la “capta huella”, basado en la mentira oficial según la cual éste aparato permite garantizar el principio “una persona un voto”, pero cuyo objetivo real ha sido y es crear la sensación de que el Voto no es secreto, situación que ha condicionado y condiciona a millones de electores que dependen económicamente del gobierno central, ya sea porque son empleados públicos, o beneficiarios de las Misiones Sociales, contraviniendo así el concepto de Elección Auténtica, es decir, que refleje la verdadera voluntad del elector, propia de los países que respetan los derechos humanos;

7.       En la futura elección presidencial del 7 de octubre del presente año, el CNE pretende estrenar una nueva modalidad tecnológica inaceptable, cual es la conexión del dispositivo de la capta huella con la pantalla de votación, hecho que genera la posibilidad real y sencilla de que se pueda identificar fácilmente el voto de cada elector, sobre todo en los más de seis mil (6.000) centros electorales creados del año 2004 a la fecha;

8.       La participación directa de los electores al momento del escrutinio de los votos, ha sido sustituida progresivamente por el uso de máquinas que totalizan los votos en todas aquellas urnas cuyas boletas de votación no son contadas por los ciudadanos en acto público al cierre de la jornada en la Mesa, y que representan casi el cincuenta por ciento (50%) de las mesas;

9.       Los representantes de los partidos de oposición han tenido dificultades para acceder sin limitaciones a la Sala de Totalización Oficial en el proceso de cierre de la jornada electoral;

10.    El Registro Electoral no se audita, por empresas profesionales e independientes, desde el año 2006;

11.    La conformación de la directiva del Poder Electoral, así como de las distintas instancias que se activan en una elección ha estado caracterizada por crear mayorías parcializadas a favor del Gobierno Central;

Pero recientemente, está emergiendo el clamor de una parte importante de la sociedad democrática por exigir la eliminación de todas estas características intimidatorias y ventajistas del sistema electoral venezolano. Esto se ha manifestado en diversas demandas públicas y notorias que, personalidades y organizaciones civiles, han ejercido sobre los voceros autorizados de la oposición, representada en esta coyuntura histórica por la Mesa de la Unidad Democrática;

Cierto es también, que desde el 2008 hemos venido acumulando una fuerza democrática que reclama cambio en paz. Hemos logrado una Unidad Electoral superior a  la de los años anteriores, pero aún carente de una visión estratégica que permita tener una táctica eficaz y efectiva frente a este poderoso molino triturador de voluntades democráticas.

Todos sabemos que nuestro futuro inmediato se decide el 7 de octubre.

Sabemos, que no podemos dejarles a nuestros hijos y nietos un futuro amordazado, un país de miedosos, una nación hipotecada.

En esta gesta liberadora, debemos unirnos todos en la dirección de una victoria contundente. Y la lograremos a punta de trabajo, sudor, esfuerzos e inteligencia. Y la conseguiremos con la creatividad y solidaridad del pueblo.

Hoy nos hemos reunido para crear y sumar, para sumar y multiplicar.

Nosotros, caraqueños, ciudadanos y representantes de Organizaciones de Trabajadores,  de los Derechos Políticos de los ciudadanos, y de la Sociedad Civil, en atención al  reto de transformar esta realidad de sumisión en una de libertad y progreso, exhortamos a las venezolanas y venezolanos de buena voluntad, a unirse en la tarea de darle vida a la COALICIÓN POR LA INDEPENDENCIA Y EL PROGRESO. 

Y si nos preguntan para qué, diremos que para dar la batalla en todos y cada uno de los puntos claves de esta elección. Les diremos que es para pararnos firmes ante un CNE que se tapa los ojos ante un Grupo que pretende perpetuarse en el poder.

Y si nos preguntan qué queremos, les diremos que queremos la Victoria Contundente del Progreso. Y más aún, les diremos que aspiramos a que ésta sea la última elección con estas condiciones de perversa intimidación de los electores.

Esta Coalición de trabajadores y ciudadanos que hoy nace, tiene 7 tareas fundamentales:

1. Reunirse con el Candidato de la Unidad, las Iglesias, los medios de comunicación, para darles a conocer la DECLARACIÓN DE CARACAS;
2. Dar a conocer al mundo la situación del Sistema Electoral Venezolano;
3. Promover la campaña “Contemos todos Votos”, para garantizar la presencia de ciudadanos en el conteo de las urnas de todas las mesas de votación;
4. Promover la campaña "los Centros del Progreso", para que, por un lado, los ciudadanos conozcan los cinco mil trescientos (5.300) centros dónde se decidirá la gran batalla electoral, y por el otro, para que la gente de esos centros le pierda el miedo a las captahuellas;
5. Ejercer acciones legales contra el CNE, ante organismos nacionales e internacionales, por haber incoporado dispositivos como la captahuella, que no garantizan su razón de ser "1 persona - 1 voto", y que están dirigidos a coaccionar al elector, y a retrasar inncesariamente las colas de las mesas de votación;
6. Exigir públicamente al CNE, cara a la elección de Octubre:
   
   

   6.a. Qué se emita el primer Boletín a las 8 pm, tal y como lo solicitó la Iglesia Católica;
   
   6.b. Qué realicen una cadena nacional diaria, a las 8 pm, explicándole al pueblo que el VOTO ES LIBRE Y SECRETO;
   
   6.c. Qué decoren todos y cada uno de los centros de votación con pancartas del CNE que digan que el VOTO ES LIBRE Y SECRETO;
   6.d. Qué retiren los miembros de mesa que sean militares activos;
   
   6.e. Qué las milicias no estén presentes en los centros electorales.
7. Sumar nuestras voluntades al desafío que nace el 8 de octubre: “Democratizar el Poder Electoral y garantizarle así a los ciudadanos ELECCIONES VENEZOLANAS AUTÉNTICAS”, único camino pacífico para superar los desequilibrios nacidos en esta oscura etapa de nuestra historia”.

Vayamos, con todas nuestras fuerzas unidas, a esta lucha por la transparencia y la dignidad, a esta gesta por la independencia de nuestros poderes públicos, para garantizar así, el necesario equilibrio para conquistar una democracia auténtica y generar consecuentemente el camino a la prosperidad real del pueblo.

No dejemos pasar esta oportunidad.